EL SENADO APROBÓ LA LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA

by Editor

Después de un largo debate con filosos cruces, los senadores convirtieron en ley el proyecto aprobado horas antes por los diputados. El oficialismo logró 41 votos a favor y hubo 23 en contra y una abstención. Solo diez días después de llegar a la Casa Rosada, el oficialismo consiguió su primer éxito parlamentario al aprobar el proyecto en apenas 72 horas.

El Frente de Todos abrió el debate en el Senado ya avanzada la tarde del viernes y pasadas las cuatro de la mañana del sábado finalmente llegó a su fin. El oficialismo logró el respaldo de 41 senadores frente a 23 votos negativos y quedó convertido en ley el megaproyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica, que marca las prioridades que darán impulso al comienzo de la gestión del presidente Alberto Fernández.

La mayoría de los votos que permitieron convertir en ley el primer proyecto del gobierno de Alberto Fernández en apenas 72 horas provinieron del bloque del Frente para Todos, pero el oficialismo consiguió sumar el respaldo de otros tres senadores. La primera fue Lucila Crexell, una antigua militante del Movimiento Popular Neuquino que fue atraída a las filas de Juntos por el Cambio por Miguel Pichetto, pero que formó un bloque unipersonal cuando llegó al Senado. El segundo fue el ex gobernador de Río Negro Alberto Weretilnek y el tercero Carlos Reutemann, que renovó por última vez su banca con los colores del macrismo. A la hora de votar, el ex corredor aclaró que lo hacía en general, pero señaló la lista de artículos a los que se oponía en particular.

El  senador Jorge Taiana fue el encargado  de cerrar la lista de los oradores, para dar paso a los discursos finales de los presidentes de bloque: un duelo entre dos senadores formoseños, el radical Luis Naidenoff y el justicialista José Mayans.

«La situación es compleja, lo aceptamos», empezó conciliador el jefe del bloque de Juntos por el Cambio, pero enseguida dedicó la mayor parte de su discurso a defender lo actuado por el gobierno de Macri y a criticar «la herencia recibida» en 2015.

Mayans no se quedó corto en la respuesta. «Esta situación no salió de la nada. Esto fue fruto de la timba financiera», aseguró, y a la hora de responder a las quejas sobre los peligros de otorgar superpoderes a Alberto Fernández, como repitieron los senadores opositores, dijo que «ustedes ya otorgaron verdaderos superpoderes, se los dieron al FMI. Ni el presidente Macri podía tomar ninguna medida sin consultarlos», confrontó. «¿Y dónde está ahora Macri mientras la gente se debate en la miseria como consecuencia de esas políticas? En Qatar, disfrutando una final de fútbol».

El difícil comienzo

El alcance de la suspensión de la ley de Movilidad Jubilatoria –como había sucedido en Diputados–, era uno de los principales escollos que desataban la resistencia opositora. La incorporación de jueces, diplomáticos y ex presidentes a los regímenes especiales que eran exceptuados de la suspensión –donde quedaban equiparados con el de maestros, docentes universitarios, científicos y las pensiones graciables a los hijos de víctimas de violencia de género– no cayó bien entre los senadores oficialistas y mucho menos en los opositores. Estos últimos lo tomaron como bandera para cuestionar y criticar la iniciativa del Gobierno.

El tardío ingreso del texto de la media sanción aprobada durante la mañana en la Cámara Baja, tras 19 horas de debate, fue solo un pretexto disfrazado de argumento con el que los senadores de JpC reclamaran un cuarto intermedio para “analizar” el proyecto. Aunque, en realidad, su objetivo era resolver una postura común del interbloque opositor en medio de una difícil discusión interna y definir si aportaban a los dos tercios que se necesitaban para habilitar sobre tablas el debate sobre la ley de Solidaridad Social.

Como sucedió en la previa en Diputados –-abriendo las negociaciones a la segmentación de las retenciones agropecuarias–, fue el propio presidente Alberto Fernández quien hizo la propuesta para destrabar el tratamiento de la ley. “Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)”, anunció Fernández a través de su cuenta de Twitter.

“Para poder salir de la emergencia económica y social en la que estamos, vamos a trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos. Debemos esforzarnos para ayudar a poner de pie a esta Argentina que tanto amamos”, agregó el Presidente en la red social.

Los argumentos oficiales

 “La pobreza llegó al 40,8 por ciento, prácticamente 17 millones de personas, una circunstancia que en un país como el nuestro no debería ser así”, precisó Caserio y agregó el “8,9 por ciento de indigencia, con más de 4 millones de personas” en ese estado, que “corren el enorme riesgo de no tener un plato de comida en su mesa”. Detalló el crecimiento de la desocupación en los tres últimos años y que en el tercer trimestre de 2019 trepó al 9,7 por ciento de la población económicamente activa, una cifra que podría aun ser mayor con los datos que revele el Indec hasta fin de año.

María de los Ángeles Sacnun, completó la defensa del proyecto oficial. La santafesina explicó que para que el Parlamento delegue facultades en el Poder Ejecutivo “debe tener un plazo”, que la ley fijó en “el 31 de diciembre de 2020”. En ese sentido, agregó que «deben incorporarse las bases de la delegación, que tienen que ver con retomar un rumbo de desarrollo con justicia social, crear las condiciones para asegurar la sustentabilidad y el sostén de la deuda pública y que sea compatible con la recuperación económica del país”, dijo.

Sacnun marcó como objetivo “la reestructuración tarifaria con criterios de equidad” ya que “estamos en una situación de pobreza energética”, porque “se destina más del 10 por ciento de los ingresos al pago de tarifas”. Además de “coadyuvar al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa” y “crear las condiciones para la sostenibilidad fiscal”. También se refirió a las retenciones como un instrumento económico, que “ha sido usado ideológicamente”; al tiempo que se definió su procedencia provincias como “hijos y nietos del Grito de Alcorta” y sostuvo que “la segmentación para pequeños y medianos productores es un logro histórico”.

Los argumentos opositores

Esteban Bullrich (PRO) fue el primer opositor en hacer uso de la palabra. “Es un día triste para mí, para nuestro bloque y para la República”, arrancó el senador macrista. Sostuvo que la “esperanza” que le generó el “llamado al diálogo” del Presidente ante la Asamblea Legislativa “se diluye con este proyecto de ley. Se nubla, se aleja, se entristece. Porque esta ley ignora las instituciones”. Para Bullrich, el proyecto puesto a debatir “hace de este Congreso una herramienta inútil para la construcción de consensos”.

El ruralista Alfredo De Angeli se aferró al discurso contra las retenciones para rechazar el proyecto oficialista. Eduardo Kueider (FdT) le replicó a De Angelis al recordar el respaldo que hizo en el mismo recinto del Senado. Eso sucedió cuando Macri repuso el aumento en pesos a los derechos de exportación en dólares y todo en medio de la crisis económica y financiera desatada por su propio gobierno.

Después se sucedió una extensa lista de oradores que alcanzó a casi 35 senadores. Contrapuntos oficialistas y opositores que ya no modificarían la suerte del proyecto que bien entrada la madrugada se convirtió en ley.

FUENTE: PÁGINA 12

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