«El delito que le imputan es un absurdo total», dijo uno de los abogados de Dolores, Facundo Taboada, quien confirmó que será presentado un escrito.
Dolores Etchevehere declarará ante la Justicia entrerriana en la causa que se le inició por el delito de usurpación, luego de haber tomado y cedido la estancia familiar «Casa Nueva» al Proyecto Artigas, en la localidad entrerriana de Santa Elena.
Según la investigación fiscal, Dolores tomó las instalaciones familiares, por lo que podría enfrentar una pena que va de seis meses a tres años de prisión por el delito de usurpación.
«El delito que le imputan es un absurdo total», dijo el jueves uno de los abogados de Dolores, Facundo Taboada, quien confirmó que será presentado un escrito.
Además, fue detenida «luego de negarse a cumplir la decisión judicial» según la acusación, por lo que se le suma el delito de desobediencia, que estipula una pena de entre un mes y un año de prisión.
«Es una ridiculez porque es una discusión familiar. No hay usurpación ni desobediencia judicial. Pero habrá que presentar papeles y otras cosas, que lo vamos a ir haciendo».
Facundo Taboada, abogado.
La jueza de Entre Ríos María Carolina Castagno había dispuesto para esta semana la declaración por videoconferencia, debido a la pandemia del coronavirus, en la causa que investiga los delitos de usurpación y desobediencia judicial contra Dolores.
En su imputación, el fiscal de La Paz, Oscar Sobko, sostuvo que Dolores, junto a otras 40 personas, ingresó a la estancia familiar y exigió la entrega de las llaves, a través de amenazas e intimidaciones a los trabajadores del lugar, usurpando las instalaciones y realizando trabajos en la tierra.
Además, Sobko solicitó registros a la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas provincial y a la Inspección General de Justicia de la Nación para determinar si existe y quiénes integran «Las Margaritas» Sociedad Anónima, propietaria de los terrenos.
Luego de 14 días de conflicto, el pasado 29 de octubre la jueza dispuso el desalojo de la estancia, donde se encontraba Dolores Etchevehere junto a militantes del Proyecto Artigas, y ordenó el «reintegro en forma inmediata» del predio a los hermanos varones de la familia.
Tras el desalojo, Dolores Etchevehere fue escoltada por la policía hasta la salida del predio y trasladada a la Jefatura Departamental de Policía de La Paz, donde permaneció aprehendida hasta horas de la noche.
Investigación por violencia económica y extorsión
El fiscal federal Federico Delgado, a cargo de la investigación por violencia económica y extorsión ejercida contra Dolores Etchevehere, consideró que la violencia de género es un factor principal en el caso. Por eso, dio intervención a la Unidad Fiscal en Violencia contra las mujeres (UFEM), para que colabore en la investigación.
La denuncia por violencia económica y extorsión fue presentada por los abogados de Dolores Etchevehere en la justicia federal el pasado 15 de octubre, y la causa se encuentra en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3, a cargo de Daniel Rafecas, quien delegó la investigación al fiscal federal Federico Delgado.
En esta Delgado ya le tomó declaración testimonial a Etchevehere, y allí la mujer relató los hechos de violencia, amenaza y extorsión que recibió por parte de sus hermanos. Según informaron los abogados de Dolores Etchevehre, la declaración incluyó el relato de cómo esta violencia se agravó en el período en el que Luis Miguel Etchevehere se desempeñaba como presidente de la Sociedad Rural Argentina, y posteriormente como ministro de Agricultura de la Nación. «Etchevehere utilizaba su posición de poder y tráfico de influencias para, entre otras cosas, obligar su hermana a firmar documentos perjudiciales para ella y sus hijos», denunciaron.
