Volodimir Zelenski finalmente está contra las cuerdas y, por más que se empecine en negarlo, no es debido a un complot internacional ni mucho menos a una oscura operación secreta digitada desde Moscú.
Todo se debe a lo que existió desde un principio, y a lo que muy pocos se animaron a denunciar: la presencia estructural de prácticas corruptas en el seno del gobierno de Ucrania. Una cultura opaca, fuertemente arraigada, a la que el mandatario se había comprometido a eliminar como principal exigencia para su proceso de vinculación con Europa, pero que esta semana resultó visibilizada de manera extrema e incontrastable.
El gobierno atravesó un momento decisivo el 22 de julio cuando, en una sesión de emergencia, el Parlamento aprobó un proyecto que elimina la independencia de las dos principales instituciones anticorrupción del país: la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). Con su firma, el ejecutivo convirtió la disposición en ley, alegando que la iniciativa resultaba indispensable para «limpiar» esas oficinas de una poco creíble intromisión de Rusia que, supuestamente, había afectado su propia dinámica interna.
Pero pese a todos los argumentos brindados, la medida convalidó la mayor crisis política en Ucrania desde que Zelenski inició su gobierno el pasado 20 de mayo de 2019.
La aprobación de la ley no sólo dio origen a los mayores movimientos de protestas desde el inicio de la guerra con Rusia, en febrero de 2022 sino que, además, tuvo importantes derivaciones para la política exterior del régimen, sobre todo, frente a la principal entidad financiera, el FMI, de la que Ucrania depende totalmente, y ante el que, por estas horas, es el principal aliado del gobierno, la Unión Europea, saboteando de esta manera su oscilante proceso de adhesión al bloque.
Tanto NABU como SAPO son herederas directas del movimiento Euromaidán que destituyó al expresidente pro ruso Viktor Yanukovich en febrero de 2014, orientando desde ese momento a Ucrania en dirección a las potencias occidentales. Mientras que en ese mismo año el FMI y la UE exigieron la creación de NABU como requisito fundamental para la obtención de apoyo financiero y para la exención de visados para viajar, SAPO fue instaurada en 2015 como una oficina exclusivamente dedicada a supervisar a la primera.
Hasta ahora, ambas entidades anticorrupción funcionaron de manera autónoma y sin interferencias apreciables por parte del gobierno ucraniano, lo que constituía uno de los mayores elementos de consideración ante la agitada sociedad civil y, principalmente, frente a los poderes económicos y políticos externos, en su política de sostenimiento internacional del régimen de Zelenski.
Para un país que suele figurar en los últimos lugares en los índices de lucha contra la corrupción, la actividad de estas dos oficinas se había convertido en una auténtica salvaguardia institucional, cuya ponderación pública aumentaba todavía más gracias a las investigaciones contra algunas de las más altas esferas del Estado, como ocurrió en 2023, cuando, por haber aceptado un soborno, acusaron directamente al presidente del Tribunal Supremo. Ahora, esta reciente medida de neutralización se debería, en realidad a que, desde hace pocos meses, algunas figuras cercanas al presidente estarían en la mira de ambas oficinas anticorrupción.
Por ahora, el caso más notable es el del ex viceprimer ministro Oleksiy Chernyshov, a quien se estaba investigando por abuso de poder y por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, dirigentes opositores advierten que el interés de NABU y SAPO podría escalar todavía más hacia dirigentes del actual elenco gobernante e, incluso, del círculo íntimo del presidente.
Prevalece, en este sentido, la acusación de que, desde que comenzó la guerra con Rusia, el gobierno ha redoblado sus esfuerzos por silenciar a los críticos, amordazar a los medios de comunicación y a la sociedad civil, y centralizar el poder, en una tendencia que se habría profundizado en estas últimas semanas, por ejemplo, con el allanamiento policial del domicilio de Vitaliy Shabunin, uno de los más destacados activistas anticorrupción, y con el rechazo del gobierno a aprobar la designación de un profesional independiente al frente de la Oficina de Seguridad Económica.
De igual modo, son cada vez más elocuentes las críticas, tanto internas como externas, por la negativa de Zelenski, amparado en el conflicto con Rusia, por fijar una fecha concreta para las próximas elecciones generales, teniendo en cuenta que su mandato presidencial venció el pasado 20 de mayo de 2024. Bajo una ley marcial convertida en permanente, no se ha intentado crear un gobierno de unidad nacional y ni siquiera se ha consultado a la oposición sobre las principales decisiones adoptadas en tiempos de guerra.
Así como Donald Trump se ha desinteresado cada vez más de las irregularidades que afectarían los estándares internacionales de lo que debería ser el «buen gobierno» de Ucrania, actualmente son los socios europeos quienes más temen por el derrape en el que se encuentra el régimen de Zelenski. Más aun, porque en el marco del plan financiero del «Mecanismo para Ucrania», será la Unión Europea la que deba asumir la mayor parte del déficit de 19 mil millones de dólares que se avecina en el presupuesto ucraniano para el próximo año.
Las reacciones a la cuestionable iniciativa del gobierno no se hicieron esperar: desde el 22 de julio las protestas sociales no han cesado en las principales ciudades de Ucrania. Además trascendieron distintas advertencias desde el FMI e, incluso, llamados de otros gobiernos, como el de Francia, sobre una medida que, desde la Unión Europea, es interpretada como todo un retroceso en el proceso de integración de Ucrania al bloque continental.
Recién el 24 de julio, el mandatario planteó algunas modificaciones a la ley, que deberá ser tratadas por el Parlamento, presuntamente, a fines de este mismo mes. Sin embargo hoy prevalecen las dudas sobre los verdaderos intereses de Kiev, al mismo tiempo que comienzan a cobrar mayor visibilidad las certezas en cuanto al autoritarismo del régimen, generalmente negado desde la prensa occidental y, más aún, en torno a la corrupción enquistada en el poder y en el gobierno ucraniano, la que no sólo no ha sido combatida, sino que ahora se muestra aún más consolidada.
Mientras una sociedad exhausta por la guerra evidencia una reactivación impensable para estos tiempos, en la prensa ucraniana se sigue culpando a Rusia por su intromisión en el Estado, y se festeja por una victoria militar que, por estas horas, nadie cree realmente que pueda concretarse.
Fuente: Página 12
