«Puede ser que haya existido un error de interpretación a la hora de apartar a la totalidad de Ministerio Público Fiscal, mas de ningún modo se colige la existencia de un accionar malicioso, tanto de los integrantes del HJE que votaron en ese sentido, como del Dr. Justet al aceptar el cargo de fiscal ad hoc, ni el decreto de fecha 30 de diciembre de 2021, suscripto por el presidente del HJE, mediante el cual dispuso suspender los plazos hasta que sea integrado el HJE con sus nuevos miembros», sostiene el fiscal.
En ese sentido, interpreta que el Jurado buscó una «alternativa racional» que permitiera llevar a adelante el Jury. Además entiende que hubo «fundamentos atendibles» para apartar al Procurador General Jorge García, por haber sido también denunciado junto a Goyeneche, y al resto de los fiscales, por ser inferiores jerárquicos de ambos denunciados a quienes deben controlar y les pueden impartir instrucciones.
Para Brugo, no hubo malicia, aún cuando las decisiones «no se apeguen a la letra de la ley», ya que no está previsto en la legislación cuáles son los pasos a seguir en un caso como el que sucedido con esta causa.
En cuanto a otra de las denuncias de Cecilia Goyeneche, Brugo entendió que la decisión de Carbonell de suspender los plazos procesales hasta que se constituyera el nuevo Jurado, obedeció a que habían vencido los mandatos del estamento del Superior Tribunal de Justicia y de la Abogacía, y no generó ningún tipo de agravios.
En cuanto a Justet, quien falleció en noviembre de 2022, sostuvo que se limitó a aceptar el cargo conferido conforme a la resolución adoptada por mayoría por el HJE.
Destitución
Por mayoría, en mayo de 2022 el Jurado de Enjuiciamiento votó por la destitución de Cecilia Goyeneche, por lo que fue removida de su cargo como Procuradora Adjunta del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos. La presidenta del Jurado, Verónica Mulone, se expidió a favor del planteo de la acusada, al igual que el diputado Gustavo Zavallo. Por la destitución votaron los vocales del STJ, Daniel Carubia, Juan Ramón Smaldone y Gisela Schumacher, el senador Armando Gay y el representante del Colegio de la Abogacía, Gonzalo García Garro.
El Jury en su contra se abrió el 30 de noviembre de 2021 a raíz de una denuncia por supuesto mal desempeño en sus funciones, incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y graves desórdenes de conducta. Se la acusó por no haberse excusado de la causa de los Contratos Legislativos, debido a una supuesta relación comercial con uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla, que además era amigo y socio de su esposo, Sebastián Orlando Bertozzi.
