El Gobierno de Florida sigue arrestando a migrantes bajo la ley SB 4-C, una de las más agresivas del país porque criminaliza a nivel estatal a los indocumentados, pese a una orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos que en julio la mantuvo suspendida, según revelan documentos judiciales.
El fiscal general del estado, James Uthmeier, admitió en un informe presentado ante la Corte del Distrito Sur de Florida que, en julio, las autoridades de Florida arrestaron a dos migrantes bajo la ley SB 4-C: el guatemalteco Juan Vásquez Salas y el mexicano José Bersay Díaz Salas.
La policía arrestó el 3 de julio a Díaz Salas tras un choque que dejó heridos y daños en tres vehículos en el condado de Sarasota, en el suroeste de Florida, donde después detuvo a Vásquez Salas el 28 de julio tras un incidente de tránsito. Las aprehensiones ocurren a pesar de la orden de la Corte Suprema, que el 9 de julio confirmó el fallo del Distrito Sur de Florida, el cual, el 18 de abril, había suspendido de forma temporal la aplicación de la SB 4-C, que tipifica como delito estatal el ingreso de personas indocumentadas y permite su encarcelamiento.
Además, la jueza Kathleen M. Williams declaró al fiscal de Florida en desacato por desobedecer su orden de frenar la aplicación de la SB 4-C y lo obligó a entregar reportes periódicos con la cifra de personas arrestadas bajo esta legislación, impulsada por el gobernador, el republicano Ron DeSantis.
Denuncia al gobierno de Florida
Tras su aprobación en febrero, la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF) y personas afectadas presentaron una demanda contra la ley, que consideran inconstitucional porque la política migratoria es competencia del Gobierno federal. Estas organizaciones acusaron al Gobierno de Florida en un nuevo documento judicial, la semana pasada, de estar usando la SB 4-C para detener a migrantes en «Alligator Alcatraz», el centro de detención migratoria para 2.000 personas que abrió el 3 de julio al oeste de Miami.
Por lo tanto, los demandantes exigieron a la Corte del Distrito Sur de Florida que obligue al Gobierno estatal a aclarar bajo qué autoridad está operando «Alligator Alcatraz», puesto que un correo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) señala que esto corresponde a las autoridades de Florida. La normativa SB 4-C se ha convertido en símbolo del combate de los estados gobernados por republicanos contra la migración irregular, ya que otras entidades han buscado replicarla, por lo que la decisión judicial de fondo sobre este tema tendrá implicaciones nacionales.
Miles de arrestados
Las nuevas acusaciones de los demantes ocurren en momentos en los que la Casa Blanca informó que el actual gobierno ha arrestado a más de 300.000 inmigrantes indocumentados en sus primeros seis meses de gestión. «A pesar de numerosos informes falsos en los medios de comunicación, casi el 70 por ciento de estos arrestos han sido delincuentes con nacionalidad extranjera que cuentan con cargos o condenas previas», insistió la portavoz del Gobierno republicano, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.
Para la secretaria de prensa de Trump, estas cifras –que no han sido verificadas independientemente– representan un éxito en toda regla porque eliminan «las amenazas más peligrosas para la seguridad pública de las comunidades estadounidenses y devuelve a estas personas a sus países de origen». También resaltó que, según cifras actualizadas de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), los cruces ilegales han vuelto a caer a mínimos históricos en julio, cuando se registraron unos 24.628 encuentros fronterizos a nivel nacional.
Desde su regreso al poder en enero pasado, el mandatario ha redoblado su política antiinmigratoria, reforzado el mandato de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e impulsado el incremento de los arrestos para cumplir su promesa de llevar a cabo una histórica campaña de deportación masiva de indocumentados.
Fuente: Página 12
