La Policía Federal brasileña allanó este viernes las residencias y oficinas del cantante Sergio Reis y el diputado Otoni de Paula, ambos simpatizante del presidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, por actos violentos y amenazantes contra la democracia y alentar un golpe de Estado. Los allanamientos forman parte de una causa judicial en la que el presidente brasileño está imputado presunta propagación de noticias falsas y por presunto atentado contra la democracia.
Por su parte este mismo viernes Bolsonaro presentó un escrito al Congreso pidiendo el juicio político de Alexandre de Moraes, el juez del Spremo Tribunal Federal (STF) que lo investiga y que ordenó los allanamientos de sus dos simpatizantes.
«Actos violentos y amenazantes»
Reis y de Paula son sospechosos de «la eventual comisión del crimen de incitar a la población a realizar actos violentos y amenazadores contra la democracia, el Estado de Derecho y sus instituciones, tanto como contra los miembros de los Poderes», informó la Policía Federal a través de una nota aparecida en medios locales.
Según la nota, esta instigación se produjo a través de las redes sociales donde los acusados propiciaron «la práctica de actos violentos y amenazantes contra la Democracia, el Estado de Derecho y sus Instituciones, así como contra miembros de los Poderes«.
El popular cantante y productor agropecuario Reis impulsa la invasión del Senado y un paro nacional de camioneros, para presionar en favor de la destitución de los once jueces del Supremo Tribunal Federal.
El diputado de Paula, del derechista Partido Social Cristiano, pidió que la población se movilice contra los jueces el 7 de setiembre, en los actos convocados este jueves por el presidente Bolsonaro.
Según las primeras informaciones los agentes de la Policía Federal allanaron en la mañana de este viernes el despacho del diputado en Brasilia y sus propiedades en Rio de Janeiro, además de requisar el domicilio de Reis en el estado de San Pablo.
Proceso de destitución
A su turno Bolsonaro pidió formalmente este viernes al Senado la apertura de un proceso de destitución contra el juez del STF (corte suprema) Alexandre de Moraes, que lo investiga en un caso sobre la divulgación de noticias falsas y ataques a la democracia.
Este acto del líder ultraderechista se enmarca dentro de la pulseada institucional que mantiene con el Poder Judicial, que en las últimas semanas ha estrechado el cerco contra el gobernante y sus aliados por su campaña de descrédito hacia el Supremo y las autoridades electorales.
Un funcionario del Palacio presidencial de Planalto fue el encargado de presentar en la Cámara Alta la petición, firmada por Bolsonaro y al abogado general del Estado, Bruno Bianco, para iniciar un juicio político con fines de destitución contra De Moraes.
El pasado fin de semana, el mandatario adelantó que iba a solicitar oficialmente un ‘impeachment’ contra De Moraes y Luis Roberto Barroso, otro de los once jueces del Supremo y actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), aunque finalmente desistió de incluir a este último.
De Moraes es el juez instructor de una investigación en la que Bolsonaro figura como sospechoso y que intenta averiguar el origen y la financiación de una red de «milicias digitales de ultraderecha» que se encargan de propagar contenido falso y ataques contra la democracia a través de internet.
La investigación judicial
Este mismo viernes, el magistrado autorizó ordenó allanar las residencias de una decena de personas, entre ellas el diputado Otoni de Paula y el cantante ultraderechista Sergio Reis, acusados de «conspirar» contra las instituciones. En su escrito, Bolsonaro alegó que De Moraes actúa de manera «inquisitorial», con «parcialidad» y de forma «partidaria» al ser «al mismo tiempo investigador, acusador y juez».
El hecho de que un jefe de Estado pida la destitución de un juez del Supremo tiene un fuerte simbolismo, aunque no prosperaría en el Parlamento, pues el jefe del Senado, Rodrigo Pacheco, ya adelantó que no es el momento idóneo para discutir el asunto en medio de la grave crisis sanitaria y económica.
Tensiones
La tensiones entre Bolsonaro y la Corte Suprema y el Congreso comenzaron a mediados del año pasado, cuando ambos poderes permitieron a gobernadores y alcaldes adoptar medidas de aislamiento contra la pandemia de coronavirus, que el mandatario censura.
Este año, el conflicto institucional se agravó a partir de la agresiva campaña de descrédito del presidente contra el sistema electrónico de votación que funciona en el país desde 1996, el cual, en su opinión, fomenta «fraudes», aunque reconoce no tener pruebas al respecto.
Con sus índices de popularidad en caída libre y los últimos sondeos vaticinando su derrota en las elecciones de 2022, Bolsonaro ha alentado a sus simpatizantes a salir a las calles el próximo 7 de septiembre, cuando se celebra la Independencia de Brasil, para protestar contra el Supremo y la Justicia Electoral.
Fuente: Página 12
