Exigen más capacitaciones para personal estatal y una línea gratuita luego del asesinato de un joven en manos de la madre de su hija. El texto fue acompañado por diputados entrerrianos.
Tras el asesinato de Alejo Oroño el viernes pasado diputados de Juntos por el Cambio impulsan un proyecto de ley que contempla una capacitación obligatoria para el personal del Estado, una línea gratuita de asistencia y comisarías especializadas capaces de atender las diferentes formas de violencia desde la perspectiva de los diferentes géneros y la diversidad sexual. “A Alejo, como hombre, le daba vergüenza denunciarla y cuando intentó hacerlo no le tomaron la denuncia”, remarcan en el proyecto.
Alejo Oroño de 22 años era papá de un bebé de 18 meses, pero fue apuñalado por la madre de su hijo en Hurlingham (provincia de Buenos Aires). Su caso causó gran conmoción y se hizo público un video del momento en que se produjo el ataque. Según las declaraciones de su familia, el joven había intentado radicar una denuncia en una comisaría, pero no se la tomaron. A esto se sumó que “a él, porque era hombre, le daba vergüenza denunciarla”, expresó su prima en medios nacionales.
“Un tema que claramente es un tabú social y un fenómeno distinto al de violencia de género y debe legislarse como tal, debido a que su naturaleza, causas y consecuencias serían distintas, así como los espacios y formas en que se manifiesta”, señala la iniciativa que fue presentada por el diputado Eduardo Cáceres, a quien acompañan los legisladores Gisella Scaglia, Gabriela Lena (Entre Ríos), Alicia Terada, Estela Regidor, Lidia Ascarate, Sebastián García De Luca, Marcelo Orrego, Domingo Amaya, Francisco Sánchez, Juan Aicega, Gustavo Hein (Entre Ríos), David Schlereth, Hernán Berisso y Gerardo Cipolini, alcanzando el máximo de firmas previsto por reglamento .
Principales puntos de la iniciativa
- El proyecto amplía los alcances de la “Ley Micaela”, para que todo el personal del Estado reciba capacitación sobre violencia desde la perspectiva de diversidad de géneros y no sólo de las mujeres.
- Se desarrollan políticas públicas en educación, justicia, seguridad y trabajo, entre otros organismos, y campañas de difusión.
- Crea una línea gratuita de asistencia.
- Comisarías especializadas capaces de atender las diferentes formas de violencia desde la perspectiva de diferentes géneros, garantizando cupo igualitario en la atención y respetando el previsto por el Decreto 721/2020 para trans, travestis y transgénero.
- Aborda derechos y garantías mínimas en procedimientos judiciales y administrativos, y crea un observatorio para analizar los casos.
- Se tipifican las falsas denuncias y el impedimento de contacto con los hijos como violencia psicológica.
- Establece mecanismos informativos y educativos en la capacitación dar a conocer las consecuencias legales de realizar falsas denuncias y publicar y compartir escraches en redes sociales.
