El detalle de las acusaciones contra Urribarri y sus amigos

by Editor

Este lunes, comenzó a ventilarse en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos el megajuicio contra el ex gobernador Sergio Urribarri, actual embajador de Israel del gobierno de Alberto Fernández, junto a su cuñado Juan Pablo Aguilera y varios ex funcionarios y empresarios por los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación a la Administración Pública.

El Ministerio Público Fiscal atribuye a los imputados la comisión del siguiente hecho en relación a la causa sobre Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública.

«Sergio Daniel Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, de manera constante, habitual y reiterada, sustrajeron fondos públicos cuya administración y disposición tenían en razón de los cargos que respectivamente ostentaban, direccionándolos a favor de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, funcionario del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.

Para ello, otorgaron múltiples contratos de publicidad del Estado entrerriano, a favor de las empresas Next SRL y Tep SRL de Juan Pablo Aguilera, las cuales figuran inscriptas a nombre de Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada – concubina de Juan Pablo Aguilera- y Alejandro Almada -quienes actúan como testaferros de Aguilera- con el único propósito de beneficiar económicamente a los mencionados.

Así, durante todo el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, utilizaron esta maniobra de manera habitual, regular y constante, sorteando los mecanismos legales que garantizan la libre competencia de oferentes del Estado, o simulando hacerlo, pero sin observar la normativa vigente (Ley No 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), para otorgar múltiples órdenes de publicidad referidas a campañas de difusión de actos de gobierno. A raíz de estos contratos los mencionados percibieron periódicamente sumas de dinero abonadas por el Estado Provincial, para lo cual se valieron de ficticias constataciones de su ejecución, tal como surge de la pericial practicada en relación a los expedientes.

Para concretar las maniobras anteriormente descriptas, a sabiendas de la irregularidad de los procedimientos, que pretendían simular la real y legítima intervención entre distintos oferentes, Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana, titulares de las empresas Bustamante José María y Montañana Publicidad respectivamente, participaron de las mismas siendo beneficiados con un porcentaje de la publicidad pautada en el contrato pero habiendo acordado previamente que, una vez percibido el cobro de las sumas respectivas, de ese total, un porcentaje era reembolsado a Aguilera a través de la contadora de la empresa, Corina Cargnel, quien tenía a su cargo la gestión, seguimiento y cobro de todos los contratos así como también la percepción de los retornos, siendo su rol fundamental pues era el nexo entre los funcionarios de las oficinas del Estado, encargadas de la tramitación de las contrataciones, y las empresas antes mencionadas.».

El hecho atribuido a los imputados por los acusadores públicos, se subsume típicamente en las prescripciones de los artículos 261 -primera parte- 265 y 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5, y 55 del Código Penal, ilícitos definidos como PECULADO, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLE CON EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS Y FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, Urribarri y Báez en calidad de autores, Aguilera, Cargnel, Montañana y Tamay, partícipes primarios -art. 45 del C.P- ; en tanto que, atribuibles a Luciana B.Almada, Giacopuzzi, Alejandro Luis Jose Almada y a Sena, en calidad de partícipes secundarios -art. 46 del C.P..

En cuanto a la pena, los representes del Ministerio Público Fiscal, solicitarán en el debate 8 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua para Sergio Daniel Urribarri, Pedro Ángel Báez y Juan Pablo Aguilera; 6 años de prisión de cumplimiento efectivo para Corina Cargnel y Hugo Fernando Montañana; 6 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua para Gustavo Rubén Tamay; 4 años de prisión de cumplimiento efectivo para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y a Maximiliano Romeo Sena.

Asimismo, para cada uno de los imputados, la pena de multa de noventa mil pesos ($90.000) de conformidad a lo previsto en el art. 22 bis del Código Penal; como también el decomiso de los bienes de titularidad de la empresa TEP S.R.L”.

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