El proyecto establece «un nuevo marco regulatorio integral al acceso, el cultivo, la producción y comercialización del cannabis para uso medicinal»
Un nuevo proyecto de cannabis busca reparar la insuficiencia de la ley 27.350 sancionada en 2017, “que ha demostrado de sobra su fracaso y su efecto negativo sobre la población en su conjunto”. El pasado viernes 23 de octubre la diputada nacional entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos) presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley para la regulación integral de cannabis medicinal que busca garantizar el acceso al cultivo e impulsar la producción nacional
El proyecto impulsado tiene tres objetivos principales: regular la actividad, mejorar la salud integral de las personas y aportar evidencia científica. El texto es fruto del debate y el trabajo colectivo que vienen promoviendo desde hace años organizaciones como Mamá Cultiva, la Red de Cannabis Medicinal del CONICET (RACME) y la Cámara Argentina de Cannabis.
Uno de los cambios más importantes tiene que ver con el artículo 8 de la existente ley, donde se especifica la creación de un registro nacional voluntario a los fines de autorizar la inscripción de pacientes y familiares que sean usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis para tratar sus patologías.
«El Artículo 8, que crea el registro de cultivadores, nunca fue reglamentado por el gobierno anterior» explica Gaillard. La ley terminó circunscribiéndose a la investigación médica y científica pero no facilitó el acceso a las y los usuarios medicinales.
En este video encontrarán respuestas a varias preguntas que suelen hacerme sobre el nuevo proyecto de Ley de regulación de Cannabis medicinal.
Publicado por Carolina Gaillard en Lunes, 2 de noviembre de 2020
Los ejes más importantes de este proyecto de ley son:
- Aborda la temática desde el paradigma del derecho humano de la salud y la garantía de accesibilidad.
- Promueve el desarrollo científico tecnológico nacional y la Industria del cannabis para la salud en el país, con un abordaje federal, perspectiva de género y favorecedor de las economías populares.
- Regula el autocultivo, cultivo solidario, clubes de cultivo y el cultivo con fines de producción y/o comercialización de cannabis para la salud, ofreciendo garantías de calidad de la sustancia.
- Promueve la investigación y el desarrollo científico y tecnológico del cannabis para la salud, considerándolo una política de Estado, a través de programas de estímulo que coordina con el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de la Nación, el CONICET, y las Universidades Nacionales, tal como el programa INCUBADORA CANNABIS, que prevé el proyecto.
- Crea un Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis (IRCA) que funciona como autoridad de aplicación de la ley, que cuenta con diversos niveles de integración que articulan órganos estatales, científico académicos y de la sociedad civil que convergen en la temática.
- Crea un sistema único de licencias para autorizar el cultivo, producción, comercialización, importación y exportación de cannabis para la salud, y productos que lo contienen, las mismas son gratuitas para autocultivo y cultivo solidario.
- Apoya y subsidia a las asociaciones civiles, cooperativas u otras formas de asociativismo y economía social que lleven adelante cultivos solidarios, para el sostenimiento de su actividad.
- Crea un Banco de Semillas en coordinación con el Instituto Nacional de Semillas (INASE), garantizando un precio justo y razonable para su acceso.
- Articula con el Ministerio de Educación de la Nación la inclusión del estudio de la planta de cannabis y sus propiedades terapéuticas en programas universitarios de todas las carreras de salud y otras; implementa programas de capacitación y campañas de difusión sobre la ley y los usos medicinales del cannabis para agentes estatales y la población general.
- Impulsa la producción nacional de productos y derivados de cannabis con fines medicinales a través de la red de laboratorios y la participación de sociedades del Estado.
- Establece principios, acciones y presunciones que garantizan el acceso al cannabis para la salud sin discriminación, reconociendo el derecho de los usuarios al consentimiento informado.
- Despenaliza todas las acciones vinculadas al cultivo, producción y comercialización de cannabis para la salud y brinda garantías para los procedimientos penales, bajo el principio pro usuario de cannabis medicinal.
