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EMERGENCIA SOLIDARIA: UN LLAMADO A LOS INTOCABLES

«De qué se quejan con los sueldos que tienen, colaboren con los jubilados». Lo dicho por el doctor Pedro Taffarel, abogado y ex presidente del Colegio de Abogados de la sección de Gualeguay expuso una conocida y naturalizada expresión, significante de un común social, pero que en estos momentos parece querer vislumbrarse como sincera respuesta a las posturas críticas y disgustadas del sector «intocable».

Fuente: Canal 2 de Gualeguay

La discusión sobre la ley de Emergencia Solidaria promulgada esta semana, trajo malestares en los algunos ámbitos que son alcanzados por la misma. La normativa establece una medida progresiva en materia económica con el objetivo principal de sostener el sistema previsional entrerriano.

Uno de los sectores que mostró su rechazo de forma enérgica fue el Poder Judicial que, de su totalidad, un 86,24% deberá contribuir según lo establecido por la ley. Aisladamente el número es de gran alcance, pero el aporte en relación a las cuantiosas cifras que recibe este sector no parece ilógico. 

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia oficializó el año pasado (último dato oficial al momento) cuánto cobraban jueces y vocales del Poder Judicial:  los montos iban desde 140 mil pesos a 270 mil. No corresponde sacar conjeturas de las cifras actuales, pero se puede concordar con que pertenecen a un escalón privilegiado en comparación con el 80% de los trabajadores estatales, los cuales cobran menos de 75 mil pesos en la actualidad. 

En declaraciones realizadas esta semana, trabajadores de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación seccional Entre Ríos, apuntaron sus críticas hacia el artículo 10 de la Ley el cual establece que “quedan suspendidas durante la vigencia de la presente Ley, las facultades que por cualquier normativa hayan sido atribuidas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los Entes Descentralizados, Autárquicos, Autónomos, Empresas y Sociedades del Estado para el incremento de haberes cualquiera fuera el concepto o denominación, por fuera de lo que pudiere acordarse en el marco de las Paritarias de la Administración Central”.  

Para los empleados judiciales esto alude a una cuestión: la llamada Ley de Enganche (10.068), que fue sancionada en 2011 con el fin de equiparar los salarios de los magistrados entrerrianos con los nacionales, según lo determina la Corte Suprema de Justicia. Por este régimen, en el 2019 el Poder Judicial tuvo un aumento del 69% en sus cobros en relación al año anterior, cifra récord y utópica para cualquier otro sector, ya que la gran mayoría de los sectores activos (y también los pasivos, como los jubilados), perdieron poder adquisitivo contra los precios.


Un ejemplo de los derechos adquiridos, justificados por la importancia de una justicia imparcial e independiente en la teoría, pero con rasgos decadentes y de bajo estima social en la praxis.

El Supremo Tribunal de Justicia en la provincia dictó la feria judicial desde el 13 al 24 de julio, provocando que desde el Colegio de Abogados de Entre Ríos denunciaran que una disposición inconsulta y al parecer poco empática para los profesionales liberales afectados, quienes también destacaron que desde el receso extraordinario por razones sanitarias iniciado el 13 de marzo y finalizado el pasado viernes, el sistema judicial sólo ha funcionado 45 días y los plazos procesales se suspendieron por más de 70. 

No parece tener ninguna incoherencia el llamado del abogado Taffarel a colaborar “con los jubilados” y con la sociedad entrerriana en general. Los “intocables” de la Justicia han sabido permanecer invictos en relación obligaciones que tributa otro trabajador con las análogas características económicas, como el no aplicable Impuesto a las Ganancias para trabajadores del Poder Judicial vigentes con anterioridad al 2017. (derecho adquirido bis).

Fuente: Noticias Políticas

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