Abofem es una Asociación de Abogadas Feministas que está trabajando en nuestra provincia con las problemáticas de género, las cuales no cesan en esta cuarentena. El femicidio de Julieta Riera en Paraná el último día de abril conmocionó a la sociedad y recrudeció el pedido por el tratamiento y aprobación de un proyecto de emergencia en violencia de género. Desde el comienzo del aislamiento obligatorio, en la Argentina hubo al menos veinte femicidios.
Real Noticias pudo entrevistar a las mujeres que llevan adelante esta organización donde quedó en evidencia la necesidad de un actuar más contundente, más eficaz en todos los estratos del Estado y de la sociedad, además de los reclamos más invisibilizados que provienen de la estructura cultural, social, económica y política.
¿Cuál es la situación de las mujeres y disidencias en la provincia, en este contexto de pandemia mundial? ¿Hay algún rasgo particular que atender en Entre Ríos?
En primer lugar, las mujeres y disidencias en Entre Ríos viven una situación similar a la que atraviesa todo el país en relación al recrudecimiento de la violencia. En Entre Ríos no hay cifras oficiales que nos permitan trazar un diagnóstico certero, sino que se va monitoreando por los medios de comunicación y los observatorios especializados en materia de género. Esto no deja de ser impreciso, dado que la mayoría de las noticias reflejan el tipo de violencia más extrema que son los femicidios y transfemicidios, pero no nos dice cuántos casos de violencia sexual, psicológica, económica, patrimonial existen. Independientemente de esto, lo que se verifica que es que el contexto de pandemia repercute de manera significativa en las mujeres e identidades feminizadas. Por un lado, porque el aislamiento obligatorio ha encerrado a las mujeres con sus agresores, ya que en la mayoría de los casos, el hogar es el lugar más peligroso para una mujer; la mayoría de los femicidios cometidos son por parejas o ex parejas de las víctimas.
Además, las mujeres, que en un 90% son las que llevan adelante las tareas de cuidado en la familia, han visto como se ha agravado esta situación, con lo cual a las jornadas laborales se le suma esta doble o a veces triple jornada que son las tareas domésticas y de cuidado, no remuneradas, pero declaradas esenciales. Otro aspecto tiene que ver con el área sanitaria, que hoy tiene en las primeras líneas de fuego a profesionales de la medicina y la enfermería, así como de limpieza y administrativo, que un alto porcentaje son mujeres, en una rama históricamente postergada y vulnerada, así como la educación, cuyas principales trabajadoras son mujeres.
¿Cómo es el acompañamiento que realizan ustedes en esta asociación, es decir, desde un abordaje feminista? ¿Tienen sedes físicas en algunos territorios de la provincia? ¿Trabajan con otras asociaciones, instituciones? ¿ Cuáles son los principales pedidos de ayuda o consejo que reciben, o por los que decidieron organizarse?
A nivel nacional, Abofem desarrolla consejerías psico-legales, trabajando interdisciplinariamente con profesionales de la Psicología cada caso, principalmente con la Red de Psicólogues. También articula con otras organizaciones, como por ejemplo con Actrices Argentinas. Además se brindan talleres y capacitaciones en materia de género, a instituciones educativas, recreativas, sindicales, deportivas, etc. que lo requieran. La Sede Central está en CABA, y además funcionan filiales. En Provincia de Buenos Aires, están constituidas las de Chivilcoy, Costa Atlántica y La Plata. También hay referentas donde aún no se constituyeron las filiales, en Carmen de Areco y en Junín. En el país estamos lanzando la filial Entre Ríos, San Juan, Catamarca, Santa Fe y Rosario.
En Entre Ríos, donde estamos dando los primeros pasos en la conformación de la Asociación, la atención se centra a través del mail que es abofementrerios@gmail.com, tanto para las colegas o estudiantes que deseen informarse y formar parte, como para personas que necesiten consultar sobre sus derechos. La idea es a futuro poder realizar un trabajo similar al que se viene dando en otros distritos, donde se coordina con Psicólogues. Pero la mayoría de las consultas que han ido surgiendo previo a la conformación de Abofem Entre Ríos tenían que ver con las dificultades que existe todavía para que las Comisarías tomen las denuncias de violencia, que se libren medidas de protección, y aún cuando se dictan, que efectivamente se observen y se dicten sanciones al incumplimiento.
Los casos con los que trabajan, ¿llegan voluntariamente o ustedes van acercándose a mujeres de las cuales conocen su situación?
Llegan voluntariamente, es importante siempre respetar los tiempos de las víctimas de violencia, que son las que deben poner el cuerpo día a día a la situación. Además, desde un punto de vista ético, ningún profesional del derecho debe contactar a personas para que contraten sus servicios. Nosotras nos ponemos a disposición para poder dar información, respetando la voluntad y los tiempos y de quién consulta.
¿Cuáles son las principales falencias que ustedes observen en las instituciones del Poder Judicial y sus funcionarios/as? ¿Hay una perspectiva de género real en esos ambientes o las herramientas, recursos, disposiciones y estrategias utilizadas se encuentran obsoletas?
En general, el Estado no capacita de manera sistemática a su personal en perspectiva de género, y el Poder Judicial no es la excepción, más allá de que hay muchas personas que se desempeñan ahí con gran compromiso en la materia. Es urgente la aplicación real de la ley Micaela, para que la perspectiva de género no dependa de la buena disposición de una empleada/o, funcionaria/o o magistrada/o en particular, sino que sea una constante en el acceso a la justicia. Han habido avances en algunos fallos respecto a entender la vulnerabilidad que atraviesan las mujeres en contexto de violencia, pero aún existen muchos prejuicios a la hora de abordar la problemática y eso se traduce en una atención que revictimiza o que directamente expone a las mujeres y disidencias al peor final.
Lo que permite la capacitación es, por un lado, que desde el personal que atiende al público en mesa de entrada hasta los funcionarios de los cargos más altos, puedan tener una mirada transversal de la violencia de género, que las medidas adoptadas sean adecuadas, que no se culpabilice a la persona que recurre a los dispositivos y que los procesos sean breves. Por otro lado, también permite que las relaciones laborales sean libres de violencia, ya que se desarticulan los mecanismos de complicidad e impunidad que permiten que la violencia ocurra.
¿Se evidencia lo propuesto por la Ley Micaela en las capacitaciones obligatorias para personal público? ¿Qué otras herramientas piensan que serían necesarias para atender esta emergencia nacional en violencia de género, donde las estadísticas están lejos de disminuir?
La Ley Micaela se aplica muy parcialmente y en algunos organismos ni siquiera se aplica. Esto se evidencia por ejemplo, en las comisarías cuando se duda de la mujer que asiste, o busca desalentar que radiquen la denuncia, o cuando la investigada pasa a ser la denunciante y no el denunciado. No hay una percepción real de la magnitud de la violencia de género y el tratamiento deficiente solo agrava el daño. Sobran los ejemplos de declaraciones de magistrados o fiscales poniendo en cabeza de la mujer la responsabilidad por haber sido violentada, y esto lo que genera es que los agresores se sienten convalidados a seguir actuando. Hay que aclarar que la ley Micaela, si bien es una ley nacional y el control de su observación depende del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, cada provincia debe ir adhiriendo para hacerla efectivamente aplicable. Entre Ríos adhirió a fines del 2019 y estableció que la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Es imprescindible que se comience a aplicar, pero eso solo no alcanza si no hay control ni sanción para quienes no respetan los estándares de derechos humanos en la materia.
Recordemos que la Ley Micaela lleva ese nombre por el femicidio de Micaela García, violada y asesinada a manos de un hombre que estaba cumpliendo una condena por casos similares y que el Juez Rossi, sin ninguna perspectiva de género y desoyendo las recomendaciones de los equipos técnicos, pone en libertad. Pese a eso, el Juez Rossi sigue en funciones. Con lo cual, se evidencia claramente que el Estado es responsable de que esa compañera haya terminado engrosando las estadísticas de víctimas de femicidios, que tiene dimensiones endémicas en la Argentina.
