El Senado de Entre Ríos aprobó el miércoles 1° la primera reforma a la Ley Nº 10.746 de juicio por jurados, sancionada en 2019 y aplicada desde 2020. La modificación, impulsada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada por mayoría con 14 votos afirmativos, una abstención (Martín Oliva) y un voto negativo (Patricia Díaz). Sin embargo, la reforma generó un fuerte rechazo por parte de sectores judiciales, organizaciones de víctimas y referentes sociales, quienes denuncian que implica un grave retroceso en derechos constitucionales al limitar la competencia del jurado popular, afectando el derecho a ser juzgado por los pares, tal como establece el artículo 118 de la Constitución Nacional.
La reforma alcanzó los artículos 2º, 46 y 96 de la norma, estableciendo que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados los delitos cuya pena máxima en abstracto sea superior a veinte (20) años de prisión o reclusión, junto con los delitos conexos que concurran con ellos. Este fue el cambio principal, ya que significa que muchos delitos quedarán fuera de la órbita de los jurados populares y deberán ser juzgado por un juez técnico.
En caso de concurso de delitos, se prevé que la obligación de juicio por jurados rija cuando al menos uno de ellos tenga establecida una pena máxima en abstracto mayor a veinte (20) años de prisión o reclusión.
Carla Cusimano, presidenta de la Asociación Víctimas de Delitos Aberrantes Entre Ríos (Vidaer), advirtió en declaraciones a La Mañana de La Red 88.7 que “esto cercena un derecho a ser juzgados por nuestros pares, un derecho establecido en nuestra Constitución Nacional y Provincial”, señalando que la reforma “deja afuera una cantidad de delitos que hasta hoy se juzgan con esta modalidad”. Aseguró que los argumentos del Ejecutivo —como los 190 juicios pendientes— encubren una “falta de voluntad política” por parte del Poder Judicial, que “no quiere compartir el poder con el pueblo”. Según Cusimano, en cinco años de implementación solo se crearon dos cargos y se dispuso un único salón en Paraná para realizar juicios por jurado: “En lugar de haber hecho 30 juicios, se podrían haber hecho 90 si se hubiera trabajado en serio”.
Uno de los argumentos para la reforma fue que existe un “cuello de botella” de juicios pendientes y que esta reforma agilizará la realización de los mismos. Al respecto, dijo: “Durante 2025 en la provincia se han realizado 30 juicios por jurados y hay 26 jueces de Garantía en toda la provincia. Esto quiere decir que tenemos un juicio por jurado por mes. Evidentemente dentro del Poder Judicial no se ha hecho lo necesario para poder implementar el juicio por jurados de la manera en que debe hacerse, es decir, poner los salones que tienen que ponerse, la cantidad de horas que deben destinarse, la cantidad de cargos que deben crearse. Esto responde a una sola cuestión: el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración y el Ministerio Público de la Defensa no quieren compartir el poder con el pueblo”.
