El proyecto del Poder Ejecutivo que modifica el régimen especial de jubilaciones y pensiones de jueces y diplomáticos comenzará su trámite parlamentario está tarde en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
La intención del oficialismo es emitir dictamen al término del debate para que el texto pueda ser tratado en sesión especial mañana.
Este proyecto, según sus fundamentos, busca «reducir las inequidades existentes en el sistema jubilatorio» con un aumento del 7 por ciento en el aporte previsional para funcionarios del Poder Judicial y cuerpos diplomáticos. Además, recorta la nómina de beneficiarios que podrán acceder al régimen especial e incrementa, de manera escalonada, la edad de jubilación, de 60 a 65 años.
La reunión del plenario de las comisiones de Presupuesto, presidida por Carlos Heller (FdT), y de Previsión, que será encabezada Marcelo Cassareto (FdT), está prevista a las 14. Los legisladores, antes de comenzar el debate, escucharán las opiniones de los diferentes invitados.
Desde el oficialismo anticipan un plenario extenso porque, como suele ocurrir en estos casos, expondrán sobre la norma tanto representantes del Poder Ejecutivo como especialistas convocados por los legisladores.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli, serán los primeros en exponer ante los diputados.
Luego será el turno de la Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación (APSEN).
Muchos dirigentes de estas agrupaciones ya recorrieron los pasillos del Palacio Legislativo, y fueron bien recibidos por la oposición en reuniones privadas. Los hombres del Poder Judicial señalaron la supuesta «inconstitucionalidad» de la iniciativa oficialista y advirtieron que “250 jueces y 60 fiscales” podrían dejar vacante su puesto para no ceder sus jubilaciones de privilegio.
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