Comenzó formalmente la etapa intermedia del proceso judicial contra el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, acusado de presunto enriquecimiento ilícito. En el expediente también está imputado el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, señalado por la Fiscalía como supuesto testaferro.
La audiencia se realizó este martes por la mañana ante el juez de Garantías N°7, Mariano Budasoff, donde se abordaron planteos preliminares presentados por las defensas y que fueron rechazados por el Ministerio Público Fiscal.
Planteo de la defensa
El abogado defensor de Urribarri, Miguel Ángel Cullen, solicitó que se declare la extinción de la acción penal al considerar que se violó el plazo razonable para la investigación.
Según argumentó, la causa se inició el 21 de diciembre de 2015 y en diciembre próximo cumplirá once años de trámite judicial. Además, sostuvo que la citación a indagatoria recién se produjo el 16 de junio de 2023.
Cullen señaló que el proceso excede el tiempo razonable que tiene el Estado para investigar y que ello afecta la garantía de defensa establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
“Una causa que va a cumplir en diciembre once años viola el plazo razonable. No encontramos elementos razonables para que se haya extendido tanto la investigación del patrimonio de una persona”, afirmó el defensor.
El planteo fue acompañado por los abogados del empresario Cardona Herreros, Ignacio Esteban Díaz y José Velázquez.
Velázquez coincidió en que el tiempo transcurrido resulta irrazonable y pidió además que se declare inconstitucional parte del artículo 77 del Código Penal que extiende los efectos de la suspensión de plazos a personas que no son funcionarios públicos.
La postura de la Fiscalía
Por su parte, los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano solicitaron al juez que rechace los planteos de la defensa.
Badano sostuvo que el empresario Cardona Herreros tenía conocimiento del rol de Urribarri y participó voluntariamente en las maniobras investigadas. Incluso mencionó que en comunicaciones lo nombraba como “el N°1” o “el jefe”.
En tanto, Ramírez Montrull afirmó que no existen circunstancias nuevas que justifiquen los planteos defensivos y sostuvo que no se vulneró el plazo razonable previsto en el Código Procesal Penal.
El fiscal explicó que la investigación fue compleja y requirió numerosas medidas de prueba, entre ellas allanamientos, exhortos internacionales y una extensa pericia contable.
Una investigación extensa
Según detalló la Fiscalía, el análisis incluyó más de un millón de correos electrónicos y tres millones de elementos informáticos, además de pedidos de información a distintos organismos provinciales y nacionales.
También se realizaron exhortos internacionales a Paraguay, Uruguay y Grecia.
Tras ese trabajo, el Ministerio Público concluyó que el exgobernador no pudo justificar un crecimiento patrimonial estimado en siete millones de dólares.
Continuidad de la audiencia
La audiencia pasó a un breve cuarto intermedio y luego continuó con otros planteos de la defensa, que buscan evitar que el expediente sea elevado a juicio oral y público.
La etapa intermedia es clave en el proceso, ya que el juez deberá resolver si la causa reúne las condiciones necesarias para avanzar hacia el debate oral.
