Según un informe del Consejo Americano de Inmigración (AIC), publicado el miércoles, el veto migratorio contra personas de 19 países dictado en junio pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (foto), además de «vulnerar derechos constitucionales«, pone en riesgo e impacta la recaudación, citando una pérdida de hasta 715 millones de dólares de impuestos y 2.500 millones de mella en poder adquisitivo.
“Los afectados por esta prohibición son estudiantes, trabajadores y familiares que pagan impuestos, dinamizan economías locales y cubren puestos en sectores con fuerte escasez de mano de obra”, señala el informe difundido este miércoles.
De acuerdo con el Consejo, la medida amenaza el ingreso de 2.500 millones de dólares porque “miles de trabajadores no pueden entrar al país ni desplazarse libremente dentro del territorio”. A su vez destacaron que, solo en 2022, casi 300.000 personas de los países vetados generaron 3,2 millones de dólares en ingresos laborales y 715 millones en impuestos.
La orden ejecutiva, incluida en la Proclamación 10949 de junio, restringe severamente el ingreso de personas provenientes de naciones como Afganistán, Irán, Siria, Libia, Yemen, Sudán, Nigeria, Irak y Venezuela. Las limitaciones alcanzan visas de trabajo, estudio, turismo y reunificación familiar.
Una transformación excluyente
Según el informe, este veto forma parte de «una transformación mucho más amplia» en la política migratoria de Estados Unidos. El informe, elaborado por expertos en inmigración con base en Washington, advierte que, en apenas seis meses del segundo mandato de Trump, se ha rediseñado «quién puede ingresar al país, cómo se trata a quienes ya están dentro y a quién se obliga a salir«.
Según el informe, la administración ha vulnerado derechos constitucionales clave: revocó visas por motivos políticos, como en el caso de la estudiante turca Rümeysa Öztürk, sancionada tras escribir una columna crítica sobre Israel, desplegó tropas sin consentimiento estatal y procesó a funcionarios electos por oponerse a deportaciones. Además, denuncia que inmigrantes venezolanos han sido enviados sin proceso judicial al CECOT, una cárcel salvadoreña conocida por violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, el AIC considera que el veto es una medida excluyente hacia los vetados y cuestiona las razones que Trump dio como justificación para implementar esta nueva medida migratoria, recordando que al menos 13 de los países afectados tienen índices muy bajos de violaciones migratorias.
Fuente: Página 12
