El proyecto de reforma al sistema jubilatorio del gobierno de Uruguay fue duramente cuestionado este jueves por miles de manifestantes que respondieron al llamado al paro y la movilización de la central única de trabajadores, el PIT-CNT. El sindicato denunció que la iniciativa significa una pérdida de derechos «brutal» para los sectores mayoritarios. La reforma presentada por el Ejecutivo se encuentra en su etapa final, debido a que ya fue aprobada en el Senado, ante lo cual la coalición oficialista busca consensos para conseguir que pase por el voto de los diputados.
«Perjudicial para las grandes mayorías»
«Cada vez queda más claro que la reforma es perjudicial para los intereses de las grandes mayorías del pueblo trabajador», advirtió el titular del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sobre la iniciativa que propone, entre varias modificaciones, aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años en un proceso gradual que no abarca a toda la población. Abdala habló mientras miles de uruguayos, que se habían concentrado en la explanada de la Universidad de la República, en el centro de Montevideo, avanzaban hacia la sede del Palacio Legislativo.
La convocatoria tenía como objetivo llevar un mensaje de protesta a los diputados, que tienen el texto en discusión y planean llevarlo al recinto la próxima semana, después de que a fin de año recibiera media sanción por parte del Senado. Abdala consideró «muy buena» la movilización y la definió como «una acción bien importante de la clase trabajadora».
El dirigente alertó que la reforma «a contingentes masivos de la clase trabajadora le genera menos derechos, quitándole condiciones que no tienen nada que ver con las tradiciones del país», y dejó en claro que «la seguridad social es un mecanismo para la protección de la gente, y no la resuelve la economía del mercado». Este proyecto «implica un retroceso, mantiene una perspectiva en la cual los sectores mayoritarios de la población vamos perdiendo derechos; la mayoría de la población no comparte esta reforma jubilatoria», insistió Abdala, según el sitio Caras y Caretas.
Una reforma «brutal y criminal»
La huelga, que empezó a las nueve de la mañana y se extendió por cuatro horas, contó con la adhesión de la Intersocial Feminista y la mayoría de los sindicatos del país, incluyendo a los del transporte, las telecomunicaciones, la construcción y la salud pública. En ciertos casos la adhesión se hizo con paralización de actividades por todo el día, mientras que en otros, como el de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, se dio sin suspensión de las actividades laborales.
Abdala señaló que la reforma afecta, más allá de la población en general, «a otros sectores como los pequeños empresarios, que tienen sus intereses vinculados a la demanda interna, al mercado interno». «La reforma eleva la edad jubilatoria cuando la actual revolución tecnológica debería convocarnos a debatir un reparto socialmente equitativo del trabajo disponible» y además «rebaja las jubilaciones», insistió según el diario El País.
Desde el escenario el secretario de Organización del PIT-CNT, Enrique Méndez, calificó de «brutal y criminal» a la iniciativa oficialista, que, advirtió, rompe con «un pacto social construido durante décadas». Méndez repasó que la seguridad social «es una conquista de la clase obrera, una lucha que el campo popular dio frente a las injustas condiciones desiguales de la economía del mercado que tienen como leitmotiv buscar el lucro indiscriminado sin pensar en las vulnerabilidades sociales».
Para el dirigente de los trabajadores de la industria láctea, el objetivo del gobierno de Luis Lacalle Pou es imponer el proyecto «como síntesis brutal al proceso de ajustes que viene tomando» y manifestó: «Toma como bastión hoy esta reforma de jubilaciones y pensiones para seguir golpeando a los sectores populares y más vulnerables de nuestra sociedad».
Por la Intersocial habló Lucía Padula, quien juzgó que con la iniciativa el gobierno «sigue demostrando que su administración favorece a los malla oro (clases adineradas) y pretende que todas las crisis las paguen los trabajadores y trabajadoras y sectores más vulnerables de la sociedad». El Ejecutivo «carece de perspectiva de género, ignora las disidencias, a personas en situación de discapacidad y a las niñeces, dejando afuera varias aristas de la seguridad social que no se resumen en las pensiones y jubilaciones, que es a lo que está dedicado los más de 300 artículos de este proyecto”, alertó Padula.
El 15 de septiembre del año pasado, el PIT-CNT llevó a cabo el último paro general de 24 horas, en el que reclamó subas en los salarios y más presupuesto para vivienda y educación. El pasado ocho de marzo hubo un nuevo paro general, aunque en esa oportunidad fue solo de mujeres, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
La postura del gobierno
La iniciativa fue defendida, en cambio, por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, para quien la reforma que pretende aprobar el gobierno no es perjudicial para los trabajadores. «Si no, no estaría de acuerdo», expresó en declaraciones a Canal 10.
Mieres sostuvo que «extender la edad de jubilación es inevitable», y cuestionó al PIT-CNT y al Frente Amplio por criticar el proyecto sin presentar uno alternativo. «Nunca hubo un documento alternativo. Oponerse a algo es un bollo», agregó el ministro, utilizando una expresión que en Uruguay significa que algo es sencillo.
Además de reiterar que los cambios en el sistema son «necesarios», Mieres reseñó que el Ejecutivo recibió a 80 delegaciones «de todo tipo» para el armado del proyecto. «Es mucho más que el famoso diálogo que generó el Frente Amplio en el 2008», comparó.
La movilización coincidió con el anuncio del oficialismo de que aceptará once cambios en el texto salido del Senado, la mayoría propuestos por el Partido Colorado, integrante de la alianza gobernante, y aceptados tras la visita que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, hizo el miércoles a las comisiones de Diputados.
Algunas modificaciones tienen que ver con limitar las inversiones en el exterior de las administradoras de fondos, prohibir a futuros gobiernos cambiar la edad jubilatoria sin aval del Congreso y reducir la cantidad de años de residencia en el país exigidas a los migrantes para poder acceder a una pensión.
De todas formas, Mieres aclaró que se ratifican «las líneas generales del proyecto», es decir que «la arquitectura general del proyecto no tiene modificación y es lo que garantiza que tengamos un resultado de sostenibilidad fiscal y de equidad», aseguró. El ministro de Trabajo insistió en «el carácter integral de la reforma» y el norte que significa para el gobierno avanzar hacia el sistema previsional común.
En cambio el diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, dijo que al tratarse de «enunciados» y no estar redactados, se hace difícil ofrecer algún tipo de análisis al respecto. Valdomir planteó que se presentaron números que evidencian «los impactos que tiene extender la edad para jubilarse» en los seguros «por invalidez o por desempleo», y recordó que por la comisión desfilaron «colectivos de trabajadores que ya tienen muchos problemas para jubilarse a los 60 años». En ese sentido, subrayó «los impactos que tendrá para la salud de ese trabajador o trabajadora extender a 65 años».
Fuente: Página 12
