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Amnistía Internacional presentó un informe sobre el uso de la fuerza en contexto de Covid 19

En este revela más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza, entre los que se encuentran más de 30 el asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, la violencia desatada contra la comunidad Qom en Fontana ,Chaco y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en la Provincia de Buenos Aires.

En el día de ayer, Amnistía Internacional difundió un informe donde repasa distintos hechos de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad de nuestro país. Si bien reconoce «la necesidad de que, en un contexto excepcional
de emergencia sanitaria, se adopten medidas para extremar los cuidados en la vía pública de modo de garantizar que la sociedad respete el aislamiento» esto no debe contraponerse con los derechos humanos, ya que «su respeto y protección son pilares fundamentales de un estado de derecho».

El escrito comienza con una breve reseña del uso de legítima defensa que, según el derecho internacional, debe ser excepcional y usado como último recurso cumpliendo con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.

En el informe brindado por el Ministerio de Seguridad de la Nación como respuesta al pedido de Amnistía se detalla que entre el 20 de marzo y el 4 de mayo las fuerzas de seguridad federales realizaron 10.887 detenciones en todo el país, en el contexto de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Se explica que a partir de las medidas dispuestas a nivel nacional, cada cada provincia dictó sus propias normas para implementar las mismas en su territorio y que hubo ciertas irregularidades como en el caso de Chubut, donde se realizaron detenciones que vulneraban el principio de legalidad ya que las resoluciones correspondientes para la acción no se encontraban aun vigentes.

Además, Amnistía Internacional ha relevado 6 casos en los que las fuerzas de seguridad estarían involucradas en el asesinato y/o desaparición de personas durante los últimos cuatro meses, entre los que se encuentran Facundo Astudillo Castro (Buenos Aires), Luis Espinoza (Tucumán), Mauro Coronel (Santiago del Estero), Lucas Verón (Buenos Aires).

«La repetición de estos hechos de violencia policial y abuso de uso de la fuerza en todo el país es de suma gravedad institucional y genera preocupación sobre el carácter violento y desmedido de la respuesta que brinda el Estado, de la mano de sus fuerzas de seguridad, al control y resolución de conflictos. Se observa con demasiada frecuencia que las fuerzas de seguridad recurren a la fuerza de manera desproporcionada, abusiva y sin respetar los derechos humanos de las personas» concluye el informe presentado. Para ver el informe completo, ingresar aquí.

Situación en Entre Ríos

A nivel provincial, el viernes pasado la Sala Nº 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia emitió un comunicado sobre «un incremento de casos de excesos en el accionar de la fuerza policial en distintos procedimientos«. Hasta la fecha no se han brindado más especificaciones ni declaraciones por parte del STJ, a excepción de una reunión el día lunes con la ministra de Gobierno, Rosario Romero, donde se dialogó sobre la necesidad de articular acciones entre ambos Poderes del Estado para evitar apremios o abusos de autoridad por parte de cualquier integrante de la fuerza policial de Entre Ríos.

Tanto el Fiscal de Estado, Julio Rodriguez Signes, y el jefe de la Policía de Entre Ríos ,Gustavo Maslein, dijeron «sorprenderse» por el comunicado emitido  y no tener conocimiento mayor sobre casos concretos de abuso policial en el territorio.

A nivel local, el Jefe de la Departamental de Policía de Concordia, comisario mayor Jorge Cancio, afirmó trabajar conjuntamente con el Ministerio Público Fiscal de Concordia, responsable de iniciar las causas correspondientes a denuncias de violencia institucional.

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