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Kueider tiene una propuesta alternativa para la reforma judicial

by Editor

El legislador recogió gran parte de las críticas que han realizado los operadores judiciales y presentó un proyecto alternativo al oficial, mediante el cual pretende adecuar el funcionamiento de la justicia federal penal entrerriana a los requerimientos que exige el sistema acusatorio. Propone crear cargos para fiscales y defensores en lugar de jueces.

El legislador recogió gran parte de las críticas que han realizado los operadores judiciales y presentó un proyecto alternativo al oficial, mediante el cual pretende adecuar el funcionamiento de la justicia federal penal entrerriana a los requerimientos que exige el sistema acusatorio. Propone crear cargos para fiscales y defensores en lugar de jueces.

Kueider tiene una propuesta alternativa para la reforma judicial

El senador Edgardo Kueider presentó un proyecto alternativo para la reforma de la justicia federal penal en la provincia en el que propone reconvertir los cargos que se crearán teniendo en cuenta la inminente implementación del sistema acusatorio.

La iniciativa, a la que accedió Página Judicial, contempla un fortalecimiento de la justicia federal penal pero suprimir la creación de nuevos juzgados federales en Paraná, Victoria y Gualeguaychú –previstos en el proyecto oficial– y, en cambio, propone sumar nuevos cargos de fiscales y defensores.

La reforma judicial busca su destino en el debate parlamentario. Si bien existe unanimidad sobre la necesidad de recomponer un sistema que ha sido deteriorado desde sus cimientos, el proyecto oficial genera dudas sobre la nueva organización que se pretende dar a la justicia federal penal, sobre todo en el interior del país.

El proyecto de Kueider, en el que también trabajó la diputada Carolina Gaillard, recoge gran parte de las críticas que han realizado los operadores judiciales –magistrados y funcionarios judiciales, abogados y dirigentes entrerrianos–, algunos en forma pública y otros en off the record, y pretende adecuar el funcionamiento a los requerimientos que exige el sistema acusatorio. En el nuevo esquema la investigación de los delitos quedará a cargo del Ministerio Público Fiscal y el juez deberá garantizar el cumplimiento de la ley durante el procedimiento penal, además de controlar que se respeten las garantías constitucionales.

Por lo tanto, Kueider, y la gran mayoría de los juristas y operadores judiciales, desaconseja la creación de nuevos juzgados y propone reconvertir esos cargos para el fortalecimiento de la estructura de las fiscalías, que tendrán un rol más activo en las investigaciones penales, y defensorías.

Concretamente, prevé mantener la estructura de los juzgados federales de Paraná, Victoria, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, en lugar de agregar nuevas estructuras. Pero el Juzgado Federal Número 1 de Paraná, que actualmente tiene dos secretarías penales, una secretaría de derechos humanos y la secretaría electoral, sumaría una nueva secretaría penal en materia ambiental.

También se prevé la creación de una defensoría penal de primera instancia en Paraná; y se mantienen las cuatro fiscalías que actualmente tiene la jurisdicción.

Propone sí se insta la creación de un segundo juzgado en Concordia –que tendrá jurisdicción en los departamentos Concordia, San Salvador, Federación, Federal y Feliciano–, considerando que tiene una estratégica ubicación y competencia durante un amplio tramo del corredor de la ex Ruta Nacional 14, ya que le compete la investigación de delitos de narcotráfico, contrabando, trata de personas, lavado de activos y delitos aduaneros, por ejemplo. Para garantizar un servicio de justicia eficaz se plantea, además, la creación de dos nuevas fiscalías con competencia penal y dos defensorías, lo que daría un total de tres en cada caso para la jurisdicción.

En el proyecto de Kueider también se prevé la creación de una nueva fiscalía con competencia penal y jurisdicción en toda la provincia, asentada en Concepción del Uruguay, y una defensoría con jurisdicción en todo el territorio entrerriano.

El proyecto, además, insta al Consejo de la Magistratura, a la Procuración General y a la Defensoría General a llamar a concurso para cubrir los cargos dentro de los diez días posteriores a la entrada en vigencia de la ley; las ternas deberán ser remitidas al Poder Ejecutivo en un plazo máximo de nueve meses desde la convocatoria del concurso y el Presidente tendrá diez días para enviar los pliegos al Senado.

Por su parte, los aspirantes, antes de asumir el cargo, deberán demostrar que hicieron la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres que se establece para los funcionarios de los tres poderes en la Ley Micaela. Si no hubieran realizado ese curso, deberán firmar una declaración jurada comprometiéndose a hacerlo en un plazo improrrogable de treinta días.

Fuente: Página Judicial

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