Desde Londres
El imperio británico, disuelto tras la segunda guerra mundial, sigue crujiendo. La absolución esta semana de los manifestantes que en 2020 derribaron la estatua del traficante de esclavos Edward Colston fue saludado por muchos británicos como un cierre simbólico de una sórdida era de dominación global, pero puso al Partido Conservador en pie de guerra.
Apenas conocido el fallo un grupo de diputados Tories le escribió a la Procuradora General Suella Braverman para que apele contra la decisión alcanzada por el jurado en Bristol. Dicho y hecho. La procuradora está por referir el caso a la Corte de Apelaciones para que clarifique “a point of law” (un argumento legal) en torno a un veredicto que ha dividido a la sociedad británica entre los que quieren dejar la historia oficial intacta, los que quieren borrar la glorificación del pasado colonial y los que quieren olvidarse de todo y que no se hable más del asunto.
Quién fue Edward Colston
Edward Colston era miembro de la Royal African Company una compañía a cargo del comercio con Africa fundada en 1660 por una alianza entre la Corona y la City de Londres. Con Colston a su cargo, la compañía transportó a 80 mil hombres, mujeres y niños de Africa a lo que era entonces su colonia americana, hoy Estados Unidos.
En junio de 2020, en el marco del movimiento Black Lives Matter, una manifestación en Bristol derribó la estatua de Colston y la arrojó a las aguas de donde zarpaban los barcos para el tráfico de esclavos. Los cuatro acusados admitieron ser responsables de estos hechos, pero se defendieron con un rotundo éxito ante el jurado (11 a favor contra uno solo en contra) argumentando que la estatua constituia un delito público, la incitación al odio.
El debate
En su respuesta al fallo distintos grupos conservadores lo calificaron de “perverso”, “muy desilusionador” y “violación del estado de derecho”. El ministro de Transporte Grant Shapps señaló que el Reino Unido no era “un país donde sea tolerable la destrucción de la propiedad pública”.
El ex ministro de justicia, Robert Buckland, declaró al MailOnline que los acusados eran culpables. “Esto debería haber sido una cuestión muy simple para el jurado que evidentemente no tenía ni idea de la definición penal del delito de daño a la propiedad pública. Si una persona comete el daño y destruye una propiedad pública sin autorización, es culpable por definición”, se indignó el ex ministro de justicia.
La presión de distintos estamentos y grupos de la tribu del Partido Conservador, incluida su ala mediática, obtuvo resultados cuando la procuradora general señaló este viernes que estaba dispuesta a referir el tema a la corte de apelaciones. “El juicio por jurado es un importante guardián de nuestras libertades y no debe ser socavado. Sin embargo la decisión en el caso Colston está causando confusión. Como Procuradora puedo referir el tema a la Corte de Apelaciones para que los jueces clarifiquen el tema para el futuro”, señaló la Procuradora Suella Braverman.
Este salto a la Corte de Apelación no modifica la absolución de los cuatro acusados, pero podría tener un efecto para futuras protestas. Por esa razón, las Asociaciones de Abogados criticaron duramente la intervención de la Procuradora.
“Los políticos no tiene ningún conocimiento profundo de la ley que gobierna las protestas y la acción directa. Es muy preocupante que se genere la impresión de que se puede rechazar el dictamen de un jurado. Sería esencial que la procuradora deje en claro que esto no es así. El veredicto de un jurado es una señal de la independencia de las cortes y del estado de derecho de una sociedad”, señaló Kirsty Brimelow, vice presidenta de la Criminal Bar Association.
Derecho a la protesta sobre el daño a la propiedad
No es el primer caso de la justicia británica en que el derecho a la protesta tiene preminencia sobre el daño a la propiedad. En 1996 un jurado en Liverpool absolvió a dos mujeres acusadas de causar daños por más de un millón de libras a un avión de combate. Las mujeres habían admitido el daño deliberado, pero habían argumentado con éxito que habían actuado para evitar una violación del derecho internacional: el bombardeo de Timor Oriental por parte de Indonesia.
En el 2000 unos 28 militantes de Greenpeace fueron absueltos por la destrucción de un campo de maíz genéticamente modificado en la zona rural de Norfolk. El mes pasado un jurado absolvió a seis activistas contra el cambio climático por una protesta que paralizó la línea de trenes en el distrito financiero de Londres.
El veredicto es una derrota política para la ministra del interior Priti Patel, que representa la línea más dura de los conservadores, y que se involucró personalmente en el caso. A horas de que derribaran la estatua, Patel declaró a Sky News que la policía debía llevar a la justicia a los responsables del hecho, a los que calificó de “totalmente deplorables”. Desde entonces la política oficial ha sido de endurecimiento retórico contra las protestas callejeras en un intento de influir las decisiones de los tribunales.
A pesar de esta línea oficial en junio la Corte Suprema rechazó la condena contra cuatro manifestantes que habían intentado bloquear el ingreso a una Feria de Armas en Londres. Según la Corte Suprema debía existir una “proporcionalidad” entre el derecho a la expresión de los manifestantes y la disrupción que podían causar con sus acciones.
Este precedente formó parte de la absolución de los cuatro acusados por el caso de Colston y la protesta en el distrito financiero de Londres. Más allá de este debate legal, está en juego un legado histórico que para Gran Bretaña es parte de su identidad nacional: esos siglos en que eran un imperio donde nunca se ponía el sol.
La nostalgia imperial
El orgullo nacional y la nostalgia imperial de máxima potencia planetaria choca en este caso con la escoria histórica de un esclavismo que enriqueció y favoreció los intereses de la Corona. Muchos británicos repudian este legado y quieren separarlo de otras joyas culturales inglesas.
El Partido Conservador y sus adalides intelectuales intentan justificarlo bajo la excusa de un pasado donde regían otras reglas y valores, y en nombre del progreso material y técnico que supuestamente llevaron a sus colonias.
El primer ministro Boris Johnson dio su versión de este argumento en su reacción al fallo. «El legado histórico británico es complejo y refleja nuestra historia en toda su diversidad para bien y en su realidad, pero lo que no se puede hacer es reescribir retrospectivamente nuestra historia. Es como si alguien quisiera editar Wikipedia. Está mal. Tenemos que preservar nuestro legado histórico, cultural y artístico«, dijo Johnson.
Fuente: Página 12
