l Juzgado Federal de Concordia dispuso el procesamiento con prisión preventiva de cuatro personas -tres hombres identificados con las iniciales de H.E.J. (38), M.E.M. (38) y G.I.R (32), y de una mujer identificada como V.A.L. (30)-, acusadas de conformar una organización dedicada al comercio de estupefacientes en Chajarí y sus alrededores, de manera coordinada y organizada, desde al menos diciembre pasado y hasta abril de este año.
El procesamiento, dictado el 16 de mayo pasado, fue por el delito de comercio de estupefacientes, agravado por la intervención organizada de tres o más personas. La titular del Juzgado Federal, Ana María Ramponi, ordenó además trabar el embargo hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos para cada uno de los imputados.
La investigación que derivó en esta decisión fue iniciada en diciembre de 2024 por la titular de la Fiscalía Federal de Concordia, Josefina Minatta, quien contó con la colaboración de la División Drogas Peligrosas Sección Chajarí de la Policía de Entre Ríos.
En el marco de la pesquisa, la Fiscalía propició ante el juzgado diferentes diligencias, como seguimientos e intervenciones telefónicas, que culminaron con el allanamiento de siete domicilios de Chajarí, donde se secuestraron diversos elementos de interés para el caso, a partir de los cuales se detuvo a las cuatro personas. A cada una de ellas se le imputó la tenencia del material estupefaciente con fines de comercialización encontrada en los procedimientos.
Así funcionaba la organización
La recolección de elementos de prueba se inició el 3 de diciembre de 2024 a partir de una investigación preliminar originada en la Fiscalía Federal de Concordia, a raíz de una nota remitida por la División Toxicología de la Delegación Chajarí de la Policía. La fuerza de seguridad puso en conocimiento del MPF presuntas maniobras vinculadas al tráfico de cocaína por parte de la organización, que calculaba conformada por once personas.
Según la nota, la banda operaba principalmente desde una residencia ubicada en aquella ciudad y la venta del estupefaciente se realizaba personalmente o mediante repartos.
Frente a esa noticia y los primeros elementos recogidos en la investigación, la fiscal entendió que los hechos se subsumían en las previsiones de la Ley Nº 23.737 de Drogas y, en consecuencia, el 6 de febrero formuló el requerimiento de instrucción y solicitó otra serie de medidas de prueba.
La Fiscalía propició ante el juzgado diferentes diligencias, como seguimientos e intervenciones telefónicas, que culminaron con el allanamiento de siete domicilios de Chajarí, donde se secuestraron diversos elementos de interés para el caso, a partir de los cuales se detuvo a las cuatro personas.
