¿Qué hace el Estado para proteger a quienes sufren violencia de género?

by Editor

El femicidio de Úrsula Bahillo en Rojas en manos de su ex pareja, el policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez, interpela a la sociedad así como a las autoridades responsables en cada ámbito de las fuerzas de seguridad estatales y al Poder Judicial.

La joven de 18 años había denunciado 14 veces a Martinez antes de que la matara. Fátima Acevedo, quien fue asesinada en marzo del año pasado en Paraná denunció en reiteradas oportunidades por violencia de género a su ex pareja Jorge Martinez, contaba con el botón antipánico y estaba alojada en la Casa de la Mujer en Paraná.

Nada alcanzó.

Emma, abogada integrante de Abofem Entre Ríos (Asociación de Abogadas Feministas) fue contundente: «Las mujeres hacen todo lo humanamente posible, y terminan asesinadas. Eso nos da la pauta que lo que falla no es la acción de las mujeres sino el Estado en su conjunto, y principalmente el Poder Judicial y el Ejecutivo que no articulan entre sí.»

«Le seguimos pidiendo a las mujeres que sean super heroínas y eso es un modo de responsabilizarlas de su destino fatal. (Úrsula) Hizo todo lo que tenía que hacer. El que no le dio respuesta fue el Estado. El femicida es posible porque tiene la ventaja de la impunidad» reclamó.

El fiscal Juan Pablo de Giambattista, integrante de la Fiscalía de Género de Concordia informó que las mujeres y las víctimas de violencia de género pueden realizar sus denuncias en comisarías, en fiscalías y en el Juzgado de Familia. También a través de la línea 144 que es a nivel nacional. Además, añadió que es una importante opción «que se presente en la Unidad Especializada de Violencia contra la Mujer y Abuso Sexual (ubicada en Tribunales) para trabajar más rápido y tener un contacto directo con la mujer en situación de violencia».

Ahora bien, ¿qué pasa con las denuncias que se realizan contra funcionarios policiales o de las fuerzas de seguridad en general?

De Giambattista confirmó que tienen muchas denuncias contra funcionarios policiales y que «a nivel general las denuncias van aumentando«, dato por demás alarmante.

En coincidencia, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) advierte que es “notable el incremento de los casos de femicidio” cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente en los últimos años. «Tomando como base los registros existentes a nivel nacional que, a fines de 2020, una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria» indicaron.

El jefe Departamental de la Policía en Concordia, Jorge Cancio, explicó a Real Noticias que según el Código Procesal Penal que rige a la policía de Entre Ríos existe un protocolo específico cuando se recibe una denuncia por violencia de género contra un funcionario policial. Como primera e inmediata medida, se pone en conocimiento al jefe directo a cargo de ese funcionario y se le retiene el arma reglamentaria, la cual solo podrá usar en horario de servicio. A su vez, se pone en conocimiento a la Fiscalía de Género (puede ser otra depende del delito) y se siguen las medidas del fiscal a cargo.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un informe donde perciben dos problemáticas fundamentales en los casos de femicidios cometidos por funcionarios policiales:

  • La portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el estado policial, pone en riesgo a las mujeres que conviven con funcionarios de seguridad. En los casos en los que existe violencia machista, él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar.
  • El encubrimiento policial: como en otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, las prácticas de encubrimiento de estas muertes radican en que las policías controlan los primeros momentos de la escena del hecho, ahí suelen tener la posibilidad de falsear el relato de los hechos y manipular la escena para hacerla coincidir con su versión. Ese espíritu corporativo puede ser determinante en la etapa más sensible de la investigación. Y antes del asesinato, como en el caso de Úrsula, el ninguneo en las comisarías, el rechazo de las denuncias, las amenazas.

Cancio aclara que si el arma reglamentaria del funcionario denunciado formó parte del hecho, el fiscal «directamente ordena el secuestro de la misma, diferente a la retención.» En este caso, el arma pasa a depender del Juzgado y no se le devuelve al funcionario, es decir trabaja sin arma.

A su vez, los Jefes Departamentales de Policía deben realizar un informe sobre la situación que se envía a Paraná. En caso de que ordene la detención del funcionario, se pide la suspensión, el pase a disponibilidad.

El CELS pidió hacer énfasis en la violencia de género ejercido por agentes de la fuerza porque «salvo pocas excepciones, las autoridades no consideran al uso de la fuerza policial como un problema relevante, lo que explica la ausencia de políticas de prevención de este tipo de violencia».

Doble femicidio por parte de un integrante de las Fuerzas Federales de Seguridad

En el año 2016 en Paraná, Orlando Ojeda -en ese momento integrante de la Prefectura Naval-, asesinó a Romina Miriam Ibarra y a Norma Milessi, ambas habían sido pareja de él en distintos momentos. Primero, Ojeda fue a la casa de Romina, cabo de la Policía de Entre Ríos, de quien se había separado hacía poco tiempo. Le disparó en la cabeza con su arma reglamentaria. Luego, Ojeda se dirigió a la casa de Norma, su exesposa con quien tuvo tres hijes. Tras una pelea, le disparó varias veces frente a dos de sus hijes. Norma murió. Ojeda fue imputado por doble homicidio calificado.

CELS https://violenciapolicial.org.ar/

Las cuatro fuerzas de seguridad federales de Argentina tienen, desde hace 10 años, programas que incluyen protocolos de actuación cuando hay denuncias por violencia de género hacia el personal. Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal, fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad, tienen políticas de género que surgieron durante la gestión de Nilda Garré, entre 2010 y 2013.

Actualmente, hay en el Ministerio de Seguridad una Dirección Nacional de Género. En este espacio está la Coordinación de Protección de Derechos donde también pueden recurrir las personas para hacer denuncias por violencia que involucren a personal de las fuerzas, en caso de no querer recurrir a los Centros Integrales por falta de confianza o temor.

El ministerio de Seguridad que encabeza Sabina Frederic reforzó en diciembre de 2020 la prohibición para que los agentes federales denunciados por violencia de género o intrafamiliar puedan portar las armas que les asigna el Estado.

A través de la Resolución 471/2020, profundizaron una decisión que ya estaba vigente desde 2012, y la restricción puede ser “parcial o total” según la gravedad del caso. Ese cambio en las fuerzas federales es significativo ya que antes solo se restringía o quitaba el arma al personal denunciado si lo ordenaba el Poder Judicial. Ahora puede tratarse, también, de una medida preventiva necesaria para evitar eventuales femicidios en manos de agentes federales.

Como se explaya, existen diferentes instituciones responsables en estas situaciones cuentan con protocolos y pasos a seguir ante situaciones de violencia de género. Entonces ¿Por qué fallan las medidas preventivas? ¿Alcanzan, funcionan? ¿Por qué, después de todo lo explicado, aun persiste la sensación de que no pueden protegernos y actuar de manera tal que no haya una mujer violentada, asesinada de forma diaria ?

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