Es lógico que el Colegio de la Abogacía ejerza la defensa corporativa del conjunto de sus matriculados. Ahora bien, esa legítima defensa no puede desconocer una realidad que es de público y notorio conocimiento, y que excede largamente el plano de las interpretaciones o valoraciones subjetivas: existe una industria del amparo en Entre Ríos.
Es un hecho verificable que existen abogados que reclutan activamente afiliados a través de redes sociales, muchas veces interviniendo de manera impune en publicaciones oficiales de la OSER o en comentarios de noticias periodísticas vinculadas a la obra social, ofreciendo de forma directa la vía judicial como primera y única respuesta.
Del mismo modo, numerosos profesionales hacen ostentación pública de la cantidad de amparos que promueven, exhibiéndolos como credenciales profesionales en sus propias redes sociales, lo que da cuenta de una práctica sistemática y no de situaciones excepcionales de vulneración de derechos.
Los registros administrativos y judiciales de la Obra Social permiten identificar patrones reiterados de actuación por parte de determinados abogados de la matrícula, que presentan acciones de amparo por prestaciones que no revisten carácter urgente, por prestaciones que ya fueron otorgadas, o incluso sin haber agotado mínimamente las vías administrativas disponibles. Esta conducta desnaturaliza la figura del amparo, deformando su sentido jurídico y constitucional, previsto como remedio excepcional y urgente, no como atajo sistemático.
En este marco, resulta necesario aclarar que no he generalizado ni descalificado al conjunto de la abogacía entrerriana. Por el contrario, he señalado una práctica concreta, verificable y reiterada. No se han buscado chivos expiatorios ni responsables externos para explicar los problemas estructurales de la obra social. Lo que se ha hecho es llamar a la responsabilidad institucional de todos los actores, incluidos los letrados, en el cuidado de la mayor obra social de la provincia, cuyo sostenimiento depende del uso racional, solidario y responsable de sus recursos.
Se comprende la defensa que el Colegio realiza de sus matriculados, pero esa defensa no puede implicar la negación de una realidad que es grave, abusiva y sistemática. Por ello, el Colegio, antes de sacar un comunicado en tiempo récord, quizás debería hacer una revisión y reflexión sobre el cumplimiento del Código de Ética Profesional.
Cuidar la OSER y la salud de todos los entrerrianos es una responsabilidad colectiva. Negar prácticas que la dañan no contribuye a fortalecerla; revisarlas y corregirlas, sí.
