El Congreso de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, introduciendo modificaciones al régimen de protección ambiental vigente desde 2010. La iniciativa fue impulsada por el Gobierno nacional con el objetivo de actualizar el marco normativo y promover el desarrollo de actividades productivas en zonas cordilleranas.
La nueva normativa establece cambios en los criterios de protección de glaciares y áreas periglaciares, delegando en las provincias un rol más activo en la identificación y regulación de estos territorios. A partir de ahora, la protección no será automática sobre todas las zonas, sino que se evaluará su relevancia en función de su aporte hídrico.
Entre los puntos centrales, la reforma habilita la posibilidad de desarrollar actividades económicas, incluida la minería, en sectores que anteriormente se encontraban restringidos, siempre bajo evaluación de impacto ambiental y regulación jurisdiccional.
Desde el Gobierno nacional señalaron que la medida busca generar condiciones favorables para atraer inversiones y dinamizar las economías regionales, especialmente en las provincias de la cordillera.
Sin embargo, la iniciativa generó debate y controversia. Organizaciones ambientalistas y sectores científicos manifestaron su preocupación por un posible debilitamiento de la protección de los glaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce.
La ley original, sancionada en 2010, establecía la protección integral de los glaciares y prohibía la realización de actividades que pudieran afectarlos, con el objetivo de preservar recursos hídricos clave frente al cambio climático.
La reforma aprobada deberá ser promulgada y reglamentada para su plena implementación.
