En medio del lujo, la ostentación y el despilfarro de la era Trump, raramente se escribe sobre la pobreza que actualmente existe en los Estados Unidos. Menos aún, sobre el hambre.
Cada mes, el gobierno federal de Donald Trump transfiere 8 mil millones de dólares al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas inglés), lo que lo convierte en el plan asistencial contra el hambre más grande del país.
Alrededor de 42 millones de personas de bajos o nulos ingresos dependen directamente de los beneficios del SNAP: según datos oficiales, la asignación promedio es de 332 dólares por hogar.
Los beneficiarios del plan (uno de cada ocho estadounidenses) reciben mensualmente sus recursos en una tarjeta similar a una de débito que se puede utilizar en supermercados, mercados agrícolas y otros establecimientos.
Para la mayoría de las personas en situación de pobreza, el SNAP es el único recurso que reciben para su propia supervivencia. Se estima que, del total de receptores de esta ayuda estatal, 16 millones son niños, 8 millones son adultos mayores y 1,2 millones son veteranos de guerra.
Pero todo podría cambiar el próximo 1° de noviembre. Ese día no sólo se cumplirá un mes del “cierre del gobierno” (o “government shutdown”): también se acabarán los recursos monetarios para continuar asignando fondos a un programa cuya interrupción podría causar una crisis de hambre masiva como no se vivía en Estados Unidos desde los tiempos de la Gran Depresión, hace ya casi un siglo.
En medio de las intensas pujas en el Congreso entre republicanos y demócratas en torno a la continuidad de los subsidios al seguro médico, el pasado 30 de septiembre llegó a su término la anterior ley presupuestaria sin que hubiera acuerdo y sin que se aprobara el financiamiento federal correspondiente al nuevo año fiscal.
Sin una nueva ley de presupuesto, la administración pública a nivel nacional entró en parálisis, abriéndose un compás de espera que fuerza las negociaciones en el poder Legislativo. En concreto, el cierre del gobierno provocó la suspensión temporal de cerca de 900 mil empleados públicos a nivel nacional, en tanto que 2 millones continúan trabajando sin tener plena certeza sobre cómo y cuando cobrarán sus haberes.
Si las asignaciones efectivamente vencen el 1° de noviembre, sería la primera vez en los 60 años de historia del programa que el gobierno federal no realiza los pagos de asistencia alimentaria.
Hoy los principales defensores de la continuidad del SNAP son los demócratas, quien han señado que el Departamento de Agricultura (USDA), encargado de supervisar el plan alimentario, cuenta con un fondo de reserva de más de 5 mil millones de dólares aprobado por el Congreso y destinado a su erogación en situaciones de emergencia como el actual impasse presupuestario.
Sin embargo, desde USDA advierten que esos recursos están reservados para emergencias como desastres naturales, no para el cierre del gobierno actual. Por las dudas, en el sitio web de este organismo se denuncia que toda esta crisis ha sido provocada por el Partido Demócrata y su rechazo a acordar el presupuesto presentado por la Casa Blanca. El asunto podría estar en el centro de un litigio que, entre demandas y apelaciones, se estire en el tiempo sin una solución a la vista.
En un contexto tan difícil como el actual, los bancos de alimentos prevén un aumento del 40% en la demanda, en tanto que los gobernadores estatales se preparan para afrontar un escenario de desesperación.
El estado de Virginia, por ejemplo, declaró el estado de emergencia y anunció que proporcionaría subsidios alimentarios. El gobernador de Colorado instó a la gente a donar a los bancos de alimentos, y California anunció que enviaría tropas de la Guardia Nacional para ayudar en los bancos de alimentos, como lo hizo durante la pandemia de COVID-19. Pero al tratarse de un programa nacional y con recursos federales, los Estados sólo pueden ofrecer paliativos y asignaciones de emergencia que, en el mejor de los casos, se agotarán en unas pocas semanas.
Todo este panorama podría empeorar en un muy corto plazo, ya que el gobierno se encuentra en plena revisión de los requisitos para obtener esta prestación social. Los republicanos aprobaron estos cambios en un proyecto de ley de impuestos y gastos que prevé que excluya a más de dos millones de personas del programa desde principios de la próxima década.
En un claro asedio a las grandes políticas asistenciales, SNAP no sería la única víctima.
Además, se encuentra comprometido otro plan social de amplio alcance. El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, conocido como WIC, por su sigla en inglés, ayuda a unos 7 millones de mujeres embarazadas y padres recientes. Ofrece apoyo a la lactancia materna, asesoramiento nutricional y atiende a niños de hasta 5 años. El gobierno de Trump utilizó 300 millones de dólares provenientes de distintos aranceles para solventar el WIC, pero todo indica que se quedaría sin fondos en las próximas semanas.
Como si fuera poco, los subsidios a la atención médica también están a punto de expirar, lo que provoca un aumento vertiginoso de las primas de los seguros médicos para millones de estadounidenses.
En medio de la paralización de la administración pública provocado por esta crisis fiscal, el gobierno ha reasignado fondos para cubrir los salarios de quienes hoy son considerados como “trabajadores esenciales”, como los empleados del Departamento de Seguridad Nacional y los agentes del FBI, entre otros. Incluso, produciéndose situaciones sorprendentes, como lo señala el New York Times, en la que el multimillonario y megadonante republicano Timothy Mellon habría contribuido con 130 millones de dólares de su bolsillo para el pago salarial del personal militar…
Los principales dirigentes demócratas aprovecharon para criticar los últimos gastos del gobierno, entre los que se cuentan 300 millones para un nuevo salón de baile en la Casa Blanca y 170 millones de dólares para nuevos aviones privados para altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Pero lo que más rechazo generó fue el rescate de hasta 40 mil millones de dólares para Argentina que Trump ya aprobó y que, en principio, benefició a importantes fondos buitre como BlackRock, Fidelity, Pimco y Discovery Capital Management, fundado por el financista Robert Citrone. Es evidente que los recursos existen, sólo que las prioridades son otras…
Con el cierre de SNAP y de otros programas sociales, la actualidad política y económica de los Estados Unidos asume su costado más trágico, cada vez más cercano a la realidad distópica presentada en la saga literaria y fílmica de Los juegos del hambre en la que, como un espectáculo público, los pobres compiten entre sí y luchan por su propia supervivencia. Aunque con una salvedad: si bien por ahora no ha surgido una lideresa heroica como la de Katniss Everdeen, en cambio, sí existiría un homólogo del perverso y ególatra presidente Coriolanus Snow…
Fuente: Página 12
