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Día de las Infancias: En un mundo justo, las niñas no son madres

La Campaña “Niñas, No Madres” lleva varios años organizando actividades para visibilizar esta realidad que golpea cruelmente las infancias de las niñas y adolescentes en Latinoamérica, informando sobre las graves consecuencias de la violencia sexual y maternidades forzadas en la vida de las niñas.

Aún con datos e historias concretas, no alcanza para movilizar a la sociedad y exigir la protección de sus derechos. Han pasado 30 años de la Convención de los derechos de niñes y adolescentes y mientras se conmemora este aniversario, este documento sigue sin ser efectivamente implementado en políticas públicas para garantizar los derechos. Movimientos activistas feministas latinoamericanos aprovecharon para recordar, con la Campaña Niñas, NO Madres, la situación que viven muchas niñas hoy, claro ejemplo de violación a derechos.

Las Socorristas en Red, red de organizaciones feministas que acompañan abortos cuidados, publicaron una gacetilla que expone la situación actual. “Cada año en todo el mundo, quedan embarazadas 16 millones de niñas entre 15 y 19 años, y 2 millones de niñas de menos de 15 años. De acuerdo a estimaciones de Naciones Unidas, nacen aproximadamente 14 millones de niñes de madres adolescentes (15 a 19 años) de los cuales casi 2 millones ocurren en América Latina y el Caribe, lo que representa el 13% de todos los nacimientos. De acuerdo a las mismas estimaciones, dos de cada tres de esos nacimientos ocurren en los países del Cono Sur”

El embarazo en menores de 15 años y el abuso y la violencia sexual como potencial causa, son problemas de salud pública y de derechos humanos que generan graves consecuencias físicas, psíquicas y sociales (Ministerio de Salud y Desarrollo Social y UNICEF, 2019). Forzar a una niña a maternar es considerado un acto de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, según la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

América Latina y el Caribe es la región con mayores porcentajes de embarazos no deseados en niñas menores de 15 años en el mundo. La crisis generada por la pandemia de la COVID-19 ha agravado aún más esta situación, intensificando los riesgos y desigualdades para la salud y el futuro de las niñas latinoamericanas.

En varios países de la región se ha registrado un incremento en las denuncias de casos de violencia sexual contra niñas en contextos de confinamiento. La situación se torna aún más preocupante dado que –a pesar del aumento de las agresiones sexuales– las niñas encuentran aún mayores obstáculos para acceder a los servicios esenciales de salud, así como de
protección social y administración de justicia que necesitan después de enfrentar un abuso.

Durante los últimos meses, bajo políticas de cuarentena, varios casos en distintos países demuestran la magnitud de las vulnerabilidades enfrentadas por las niñas en estos contextos. En Argentina, en mayo de 2020, se le negó el acceso a la interrupción legal del embarazo a una niña de 12 años de la provincia de Santiago del Estero, quien enfrentaba un embarazo forzado producto de una violación. El sistema provincial de salud cometió numerosas irregularidades, impidiendo el acceso al aborto legal en tiempo y forma.

Los sistemas de salud a lo largo de la región se han abocado a la respuesta ante la pandemia de la COVID-19, dejando de lado la atención en salud sexual y salud reproductiva de la que depende el bienestar de mujeres y niñas, precisamente en el momento que existe una demanda urgente de estos servicios.

“Esta crisis por la pandemia de la COVID-19 nos ha mostrado que los cambios no son solo necesarios y urgentes, sino posibles. La salud de miles de niñas latinoamericanas está en riesgo a causa de la violencia sexual y la falta de protección de los Estados. Este es un momento crítico para asegurar que la salud y el futuro de ninguna niña más sea arrebatado a causa de un embarazo resultado de violencia sexual. El acceso a servicios esenciales de salud como la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo son la respuesta mínima que los Estados deben garantizar a las niñas que han enfrentado abuso. Construyamos una nueva normalidad en la que todas las niñas puedan crecer sanas, fuertes y seguras,” señalan
representantes del movimiento regional Niñas, No Madres, integrado por una diversa coalición de organizaciones locales e internacionales dedicadas a la protección y defensa de la salud y derechos de mujeres y niñas en América Latina.

Los sistemas de salud a lo largo de la región se han abocado a la respuesta ante la pandemia de la COVID-19, dejando de lado la atención en salud sexual y salud reproductiva de la que depende el bienestar de mujeres y niñas, precisamente en el momento que existe una demanda urgente de estos servicios.

“Esta crisis por la pandemia de la COVID-19 nos ha mostrado que los cambios no son solo necesarios y urgentes, sino posibles. La salud de miles de niñas latinoamericanas está en riesgo a causa de la violencia sexual y la falta de protección de los Estados. Este es un momento crítico para asegurar que la salud y el futuro de ninguna niña más sea arrebatado a causa de un embarazo resultado de violencia sexual. El acceso a servicios esenciales de salud como la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo son la respuesta mínima que los Estados deben garantizar a las niñas que han enfrentado abuso. Construyamos una nueva normalidad en la que todas las niñas puedan crecer sanas, fuertes y seguras,” señalan
representantes del movimiento regional Niñas, No Madres, integrado por una diversa coalición de organizaciones locales e internacionales dedicadas a la protección y defensa de la salud y derechos de mujeres y niñas en América Latina.

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