El proyecto se convirtió en ley en el Senado el 21 de agosto de 2003 y de esta forma se anularon las «leyes del perdón y de la impunidad», que que impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados. La decisión de anular estas leyes fue una de las primeras políticas por Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por el entonces Presidente Néstor Kirchner.
Cabe destacar que la Ley de Punto Final (23.492) fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces Presidente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables del delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura cívico militar.
Asimismo, la Ley de Obediencia Debida (23.521) también fue dictada por Alfonsín el 4 de junio de 1987, y estableció una presunción iuris et de iure (que no admitía prueba en contrario) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada «obediencia debida», concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores.
En 2003, se realizó la presentación en la Cámara baja de un Proyecto para la anulación de dichas leyes, propuesto por la diputada Patricia Walsh y apoyado por el Presidente Kirchner. El 12 de agosto de 2003 la Cámara de Diputados aprobó la ley por la que se declaran «insanablemente nulas» estas leyes. Luego, el Proyecto con media sanción de Diputados pasó al Senado, que lo convirtió en ley el 21 de agosto de 2003.
Dos años después y en una decisión histórica, el 14 de junio de 2005 la Corte Suprema declaró inconstitucionales estas leyes, lo que permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se habían interrumpido en 1986, sean juzgados por los horrores cometidos.
