El sitio web Noticiaspolíticas pudo observar que existirían los elementos probatorios para cuestionar gestiones fuera de los principios que persigue el organismo, con la participación del expresidente de la Delegación Argentina en la CTM Roberto Niez.
En principio, se estarían revisando compras realizadas por la anterior gestión, en vísperas de las elecciones generales de 2019. Las cuales llamaron poderosamente la atención de auditores y propios empleados de carrera de CTM, ya que sería un probado sobreprecio. De acuerdo, a la fuente consultada mencionó que se está en presencia de un acto de corrupción, lo que está prohibido y mencionado dentro de lineamientos éticos del organismo. La represa que comenzó a funcionar en el año ´79, tiene un antecedente de sobreprecio, y fue justamente en el año 1983, días antes de la asunción de Raúl Alfonsín con el regreso de la democracia, quien presidía el país el dictador Reinaldo Bignone, firmó un acuerdo con la empresa Sideco del Grupo Macri S.A, que previamente había sido favorecida con otras obras de relevancia: la construcción del puente San Roque González de Santa Cruz, que une las ciudades de Posadas y Encarnación, en Paraguay; y que también fue parte de la construcción de la represa Yacyretá años después. Coincidencias de las gestiones, en 2019 un funcionario proveniente del gobierno del expresidente Mauricio Macri, sería el encargado de llevar adelante una maniobra ilícita, que está en la mira dentro de la actual administración.
Las compras que estarían siendo investigadas corresponden a alimentos para ser distribuidos en municipios afines a la política de Cambiemos -en su inicio- y luego renombrada como Juntos por el Cambio. La responsabilidad de la maniobra económica estaría a cargo del dirigente y empresario concordiense Roberto Niez, quien ejercía la presidencia de la delegación, gestión muy cuestionada en el organismo binacional. Pero en este tipo de operaciones, que se auditan, Niez no estaba solo, lo acompañaban Julio César Fochesatto y Hugo Mayer, quien fue nombrado por Macri ese mismo año, ya que la delegación estaba incompleta por la renuncia el año anterior (2018) de Raúl Bobillo. Mayer, puesto por Macri y Dujovne, fue un espaldarazo a Niez ya que el nombrado era de entera confianza del por entonces presidente del organismo.
En principio, se estarían revisando compras realizadas por la anterior gestión, en vísperas de las elecciones generales de 2019. Las cuales llamaron poderosamente la atención de auditores y propios empleados de carrera de CTM, ya que sería un probado sobreprecio. De acuerdo, a la fuente consultada mencionó que se está en presencia de un acto de corrupción, lo que está prohibido y mencionado dentro de lineamientos éticos del organismo. La represa que comenzó a funcionar en el año ´79, tiene un antecedente de sobreprecio, y fue justamente en el año 1983, días antes de la asunción de Raúl Alfonsín con el regreso de la democracia, quien presidía el país el dictador Reinaldo Bignone, firmó un acuerdo con la empresa Sideco del Grupo Macri S.A, que previamente había sido favorecida con otras obras.
Se presentaría una maniobra de sobreprecio, que rondaría más del 100 % del valor de referencia. Las compras fueron hechas con fondos de CTM, el destino, muy alejado de los principios del organismo de generar mejores condiciones para la región del Salto Grande. La compra de estos alimentos fueron con fin netamente electoral, siendo distribuidos días previos a los actos eleccionarios en distintos municipios de la provincia.
De acuerdo a la documentación a la que accedimos, y que forman parte de las intervenciones de auditoría, la cifra pagada ascendería a un monto superior a los 20 millones de pesos, que discrecionalmente se adjudicaran a una empresa del rubro. El dato que llamó la atención de la administración actual, es que con todo el crecimiento inflacionario y los incrementos que se vienen dando, al pedir presupuesto a la misma firma por los mismos productos, han presentaron la mitad del valor que pagaran las autoridades anteriores por el mismo producto del mismo peso, calidad y marca en 2019.
Una cuestión pasaría por el pago de sobreprecios, en la adquisición de alimentos, y otro costado de mayor o igual gravedad es la posterior distribución que se hiciera de dicha compra. Quienes aportaron información a la investigación, mencionan que fue una asistencia social a municipios y dirigentes del sector político de Niez. Este hecho iría en contra de los fundamentos del organismo que apuntan al desarrollo de las localidades de la Región del Salto Grande, con ayudas a instituciones y organismos que requieran desarrollos productivos y mejoras en lo social y ambiental.
Queda claro que la región del Salto Grande comprende los departamentos Federación y Concordia, como en la República Oriental del Uruguay, Salto y Paysandú. Y que se podría extender a localidades lindantes Colón, Concepción del Uruguay, y en el vecino país, Artigas y Río Negro, con una influencia directa con la Represa y el paso del río Uruguay. Teniendo en cuenta esto, lo que activó el radar es el destino de mas de 4300 módulos alimentarios que fueron entregados al municipio de Viale, en el departamento Paraná, que en ese entonces era administrado por el actual diputado provincial de Juntos Por el Cambio, Uriel Brupbacher.
Fuentes consultadas de administración, indicaron que la factura en cuestión habilitó el pago por más de 6 millones de pesos, y todos pusieron atención a que el destino era una ciudad que no se correspondía con los principios básicos del organismo, era claramente una ayuda social para una localidad fuera de la influencia de la Represa Hidroeléctrica. La particularidad de este abultado gasto, fue con destino a una localidad del departamento Paraná, ubicada a 220 km de la región de Salto Grande. La única justificación que cuadraba en el envío era asistir a una ciudad del mismo color partidario de los delegados argentinos ante la CTM.
Lejos quedaba la Responsabilidad Social del organismo binacional, que desde siempre ejecuta proyectos de infraestructura y desarrollo regional en la zona de influencia de Salto Grande. Con estos desmanejos dejaban archivados programas o convenios aprobados con cooperadoras escolares, instituciones de fomento y desarrollo u organizaciones de bien público. La serie de facturas en análisis actualmente, demostrarían que se utilizó el organismo para abastecer localidades en medio de un proceso electoral, todas con la firma del expresidente de la delegación Roberto Niez y el acompañamiento de los demás delegados argentinos.
Similar situación -comentaron empleados del organismo- se dio con la ciudad de Basavilbaso, en el departamento Uruguay, dirigido en ese momento por el actual diputado nacional Gustavo Hein, que recibiera una importante suma de módulos alimentarios para la distribución pre-elecciones. Al ser consultados los empleados de áreas donde se manejaban estas operatorias, manifestaron que se vieron avasallados y degradados. Y mencionaron que durante toda la gestión de Niez hubo irregularidades que eran tapadas por el poder de turno. Muchas de ellas observadas desde la delegación de Uruguay que sentían una disconformidad manifiesta.
En los lineamientos que deben seguir los representantes de cada país existen artículos que mencionan los comportamientos sobre corrupción, como también se aclara que deben cumplir las funciones encomendadas con total transparencia, veracidad en la gestión y sobre todo bregar por los intereses de la región. En esta investigación que se dará a conocer en los próximos días, seguramente se pondrán de manifiesto las iniciativas anticorrupción que son el límite que debe tener un funcionario en sus deberes públicos.
En nuevas publicaciones desmenuzaremos elementos que probarían los actos poco claros de los delegados argentinos en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que a decir de los empleados de carrera y que conocen en profundidad la génesis de la institución, los comportamientos de Niez, Fochesatto y Mayer distan mucho de la responsabilidad que debían tener. Además, aseguran que 2019 fue el año en el que se acentuó la manipulación de fondos del organismo en asistir a municipios y dirigentes que pertenecían al gobierno de Cambiemos.
