El exjefe de gabinete y la ex vicepresidenta habrían favorecido a empresas que tuvieron vínculos con la campaña presidencial de Mauricio Macri
La exvicepresidenta de la nación, Gabriela Michetti, y el exjefe de Gabinete de ministros, Marcos Peña, y otros funcionarios del gobierno anterior fueron imputados por el fiscal Jorge Di Lello por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública relacionadas con el favorecimiento de empresas que tuvieron vínculos estrechos con el apoyo a la campaña presidencial de Mauricio Macri.
La denuncia tiene su fundamento en un decreto que había sido firmado por Michetti para desligar completamente del manejo de la publicidad oficial a la agencia de noticias Télam y poder contratar de forma irregular y sin licitación de por medio a compañías para que produjeran contenidos de piezas publicitarias.
De acuerdo al documento, además de la funcionaria y Peña, se «determinó la presunta responsabilidad penal de» Jorge Miguel Grecco, exsecretario de Comunicación Pública; Ezequiel Lucas Colombo Marrón, exsubsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión; Lucía Aranda, exdirectora Nacional de Contenidos; Arnaldo Horacio Minotti, exdirector de la Delegación Legal de la Secretaría de Comunicación Pública; Fernando Ernesto Britos, exdirector de la Delegación Legal de la Dirección Nacional de Publicidad Oficial de la Secretaría de Comunicación Pública; y María Evelyn Tarsitano, excoordinadora de la Dirección de Contrataciones y Suministros.
Por tal motivo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodriguez, solicitó que se lleve a cabo una investigación de las contrataciones que realizó la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019, las cuales fueron adjudicadas a Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA, firmas que obtuvieron un beneficio total de $22 millones.
Esta acusación es por el delito de negociaciones incompatibles y defraudación contra administración pública, lo cual es previsto en el artículo 265 del Código Penal.
En el texto que reprodujo Ámbito se remarcó que «los hechos denunciados y que fueron materia de análisis en una investigación de la PIA, demostrarían la existencia de una estructura montada por funcionarios nacionales, para favorecer a las empresas mencionadas», para lo que se utilizó «la figura del “legítimo abono” en contrataciones de forma habitual».
Para poder lograr esta estrategia, Michetti habría firmado el decreto 978/2016, y, como consecuencia de la rúbrica, se «desplazó a la agencia oficial y habilitó estas contrataciones con esas empresas».
AHORA NOTICIAS
